Nueva York, 10 jul (EFE).- Mahmoud Khalil, activista palestino y exestudiante de la Universidad de Columbia, presentó este jueves una demanda por 20 millones de dólares por daños contra la Administración Trump, a la que acusa de detención ilegal y persecución motivadas por su papel en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza.
Khalil, quien fue liberado el pasado 20 de junio tras pasar más de 100 días en un centro de detención migratoria en Luisiana, sostiene que fue arrestado sin orden judicial el 8 de marzo por agentes federales vestidos de civil, quienes se negaron a mostrar una orden y que abusaron de él de manera “inconstitucional”.
Según la demanda, fue trasladado a un centro en Luisiana, cuyo paradero fue ocultado a su familia y abogados, y durante su reclusión se le negó medicación, fue obligado a dormir bajo luces fluorescentes y recibió alimentos en mal estado, lo que le hizo perder siete kilos.
La demanda señala directamente como responsables a Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Khalil fue privado de libertad y los funcionarios del ICE llevaron a cabo un arresto ilegítimo y sin ordenes en su casa. Posteriormente lo esposaron, le pusieron grilletes y lo transportaron desde Nueva York a Luisiana”, detalla el texto de la demanda civil.
Ese tratamiento causó en el activista “grave estrés emocional, daño económico y daño a su reputación, por lo que el señor Khalil busca que se le reconozcan daños para compensar lo sufrido”.
Khalil ha declarado que, de obtener una compensación, la compartirá con otras personas afectadas, víctimas de lo que llamó un intento fallido de la Administración Trump de reprimir la libertad de expresión en apoyo al pueblo palestino.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificaron la demanda de “absurda” y acusó a Khalil de “retórica de odio” contra estudiantes judíos, a pesar de que él siempre distinguió entre judíos y el Estado de Israel.
Khalil fue liberado tras la orden de un juez federal de Nueva Jersey, que consideró inconstitucional su detención por motivos de política exterior, aunque el Gobierno mantiene nuevas acusaciones sobre supuestas irregularidades en su solicitud de residencia permanente.