EEUU viola sus leyes al expulsar a personas que buscan asilo, denuncian ONGs

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Washington, 19 may (EFE News).- El Gobierno del presidente Donald Trump ha enviado a Guatemala cientos de hondureños y salvadoreños que buscaban asilo en Estados Unidos, en violación de sus propias leyes sobre el asilo, afirmaron este martes grupos defensores de los derechos humanos.

Human Rights Watch (HRW) y Refugees International (RI) indicaron que el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), firmado en julio y que empezó a aplicarse en noviembre de 2019, “no cumple con los criterios establecidos en las leyes estadounidenses respecto de acuerdos con terceros países seguros”.

Ese ACA está vinculado a los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) establecidos por Washington en febrero de 2019 y bajo los cuales decenas de miles de personas que llegaron a Estados Unidos buscando asilo han sido enviadas a México y otros países donde deben aguardar el trámite de sus solicitudes.

Según el informe, Estados Unidos ha trasladado “rápidamente” a solicitantes de asilo no guatemaltecos a Guatemala, “sin permitirles” presentar solicitudes de asilo en EE.UU.

En opinión de estos grupos, Guatemala no está en situación de “poder brindar protección efectiva” y, debido al riesgo que enfrentan algunas de las personas trasladadas de sufrir daños graves en Guatemala o tras regresar a sus países de origen, EE.UU. “viola su obligación de examinar las solicitudes de asilo”.

Los investigadores de HRW y RI entrevistaron a 30 hondureños y salvadoreños que habían sido trasladados a Guatemala quienes describieron que las condiciones en la frontera de Estados Unidos, antes de su transferencia, “eran abusivas”.

“A su llegada a Guatemala, se encontraron con peligros, inseguridad y sin ayuda, por lo que se sintieron presionados a regresar a sus países de origen a pesar del temor a lo que tendrían que enfrentar allí”, añadió el informe.

“Todas las personas trasladadas que entrevistamos dijeron que EE. UU. nunca les dio la oportunidad de solicitar asilo en ese país ni de explicar por qué habían abandonado sus países de origen”, señaló Ariana Sawyer, investigadora de la situación en la frontera de EE.UU. de Human Rights Watch, y una de las autoras del informe.

Los grupos mencionaron el caso de un ciudadano salvadoreño a quien un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense le había dicho que “no hay asilo” y que “no se permite el ingreso de centroamericanos en Estados Unidos”.

El informe agregó que dos mujeres, que mostraron a RI pruebas de que sus parejas abusaban de ellas – fotografías de lesiones físicas causadas por golpizas y una copia de una orden de protección dictada por un tribunal de El Salvador— relataron que los funcionarios estadounidenses en la frontera no les permitieron presentar estos documentos para respaldar su afirmación de que temían regresar a su país.

Los traslados de no guatemaltecos a Guatemala se suspendieron el 16 de marzo debido a la pandemia de COVID-19, y para entonces, según este informe, Estados Unidos había enviado a ese país 939 personas de otras nacionalidades.

Los grupos denunciados afirmaron que, por todo ello, Estados Unidos debería rescindir el acuerdo con Guatemala.

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