Washington, 25 abr (EFE).- La lucha contra el mercado de la falsificación no es unidireccional desde el Ejecutivo hasta los autores de ese delito: necesita la colaboración de las empresas afectadas para afrontar con eficacia esa lacra, pese a sus reticencias, recuerda Estados Unidos.
El punto neurálgico desde el que el país dirige ese combate es el Centro de Coordinación de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPR). Tiene su sede en el condado de Arlington, en las afueras de Washington, y ha abierto sus puertas con motivo de la celebración este miércoles del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
Sus vitrinas reflejan que las posibilidades de ese tipo de crímenes son inabarcables. Camisetas deportivas, pañuelos y bolsos de lujo, cuya compra podría parecer inocua, pero también tabaco, medicamentos e incluso cascos de bicicleta, cuyo incumplimiento de la regulación presenta riesgos más evidentes.
Son productos de marcas como Hermès, Louis Vuitton o Apple, que se venden en plataformas como Amazon o eBay. “Uno de los problemas con la industria privada es que no comparten información unos con otros debido a la competencia”, explica a la prensa el jefe de división de Propiedad Intelectual y Fraude Comercial del Centro IPR, Mike Ball.
“No confían en que si una plataforma dice ‘Mirad lo que nos ha pasado’, otra no lo vaya a aprovechar para decir ‘No vayáis a ellos, venid a nosotros’. Por eso ofrecemos un mediador con el que todos han aceptado trabajar para que tengan lugar esas conversaciones y que se pueda aportar la información sin señalar de dónde viene”, sostiene.
Ese esfuerzo conjunto tiene como meta “derribar objetivos de forma legítima, porque ninguna plataforma, que son el mayor suministrador de esos productos, quiere que se vendan falsificaciones”. “Antes no hablaban, pero ahora recibimos mucha cooperación”, apunta Ball.
Esa cooperación con el Centro IPR no se limita a las grandes empresas. La organización colabora también con pequeñas y medianas que por sí mismas no tienen los medios para solucionarlo, pero que si no lo atajan a tiempo pueden ver cómo su negocio se hunde.
Las ramificaciones del combate se extienden al Servicio de Aduanas y de Inspección Postal, el Departamento de Justicia, organizaciones policiales como Interpol y Europol e incluso universidades como la de Míchigan o la británica King’s College London. Un enfoque multidisciplinar e internacional, que cubre las amenazas a la propiedad intelectual desde todos los ángulos.
Porque intentar cerrar fronteras y fomentar la fabricación nacional no es una opción, admite Ball: “Nunca vamos a poder dar la espalda a la economía global. Como país no es posible librarse completamente de producir ciertas cosas en el extranjero, así que lo que debemos hacer es ser capaces de reaccionar”.
La propiedad intelectual, por ello, “es un problema global”, añade el jefe de división de Propiedad Intelectual y Fraude Comercial del Centro IPR. “No importa dónde esté basada una compañía”, ya que el auge del comercio electrónico facilita llegar a consumidores que anteriormente estaban fuera del alcance.
El balance de esa institución apunta que la tendencia va al alza: en el año fiscal 2022 abrieron 1.367 casos, 245 más que en 2021, y el valor de venta de los bienes incautados, según lo sugerido por el fabricante, fue de 1.120 millones de dólares, frente a los 822,3 del año anterior. Los arrestos, a su vez, pasaron de 388 en 2021 a 540 en 2022.
Desde el Centro IPR se recuerda que el robo de la propiedad intelectual no es un delito inocuo. Se ven perjudicados los consumidores, los negocios, los fabricantes y los afectados por otro tipo de actividades ilegales que el tráfico de esos productos falsificados financia.
Por ello no extraña que se vean involucrados grupos como los cárteles mexicanos, que han sido objeto de un par de sus investigaciones recientes.
“Son cárteles de narcotráfico porque la droga da dinero. Cualquier organización criminal no opera para hacer una o dos cosas específicas. Están para ganar dinero, y si la propiedad intelectual les permite ganarlo, eso es lo que van a hacer”, señala Ball.
El Centro IPR también ha detectado una tendencia a reducir el tamaño de los cargamentos en envíos más pequeños para limitar los riesgos en caso de que esa carga se pierda o el servicio de Aduanas la intercepte.
Y desde la pandemia, la ciberdelincuencia ha lanzado webs falsas que se hacen pasar por organizaciones nacionales o internacionales legítimas de venta de vacunas o que instan a las víctimas a hacer donaciones para la causa.
La búsqueda de beneficios también lleva a tener en su punto de mira a consumidores vulnerables con promesas de dinero o regalos si rellenan un sondeo postvacuna e incluso a emprender ataques informáticos contra hospitales, laboratorios o gobiernos locales bloqueando sus sistemas a cambio de un rescate.
En ese mercado global, la principal amenaza suele llegar del mismo país en el que los bienes originales se manufacturan o proceden, concluye el director del Centro IPR, Jim Mancuso: África en el caso de artículos derivados de la vida silvestre, la India en el de la industria farmacéutica o China en el de productos no perecederos.