Washington, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos informó hoy que recuperó el año pasado en el sureste del país más de 2,6 millones de dólares en sueldos atrasados e impuso multas por 1,7 millones de dólares en la aplicación de las leyes laborales que protegen a los trabajadores rurales.
“La mayoría de los trabajadores en el sector agrícola pasan largas horas de pie, expuestos a todo tipo de climas en las duras labores necesarias para poner comida en nuestras mesas”, afirmó Juan Coria, de la División Sureste de Horas y Sueldos de la dependencia federal.
“Y sin embargo se cuentan entre los trabajadores con remuneraciones más bajas en todo el país”, añadió el funcionario, quien se refirió asimismo a “empleadores carentes de escrúpulos que incrementan su lucro a costa de la dignidad, y a veces la libertad, de los trabajadores”.
Los inspectores de la División Sureste del Departamento de Trabajo identificaron infracciones a las leyes laborales en el 85 % de las aproximadamente 220 investigaciones que se completaron durante 2022.
Esas inspecciones determinaron que los empleadores debían a casi 2.900 trabajadores más de 2,6 millones de dólares en sueldos atrasados, lo cual llevó a la agencia a la imposición de 1,7 millones de dólares en multas civiles.
Asimismo, esa oficina añadió siete plantaciones y compañías de contratación de personal agrícola en el sureste a su lista de las que no podrán participar en el programa de visas H-2A para trabajadores rurales con permiso temporario.
El comunicado del Departamento de Trabajo señaló que su División de Horas y Sueldos “continuará sus esfuerzos por asegurar el cumplimiento de las leyes laborales en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee”.
Al aproximarse la temporada de cultivos “la División continuará con investigaciones vigorosas, informará a los trabajadores y empleadores sobre sus derechos y responsabilidades, y actuará para impedir las violaciones de los programas federales”.
Un comunicado adjunto recordó que en diciembre pasado un tribunal federal en el Distrito Medio de Florida sentenció a Bladimir Moreno, un contratista de peones rurales que se declaró culpable de incurrir en trabajo forzado, a 118 meses en prisión.
El tribunal decidió que Moreno deberá pagar más de 175.000 dólares en restitución a sus víctimas y multas por 203.350 dólares, y además su firma, Los Villatoros Harvesting, queda excluida del programa de visas H-2A.
Entre las infracciones mencionadas en el comunicado se cuenta el no haber reembolsado a los trabajadores por el costo de las solicitudes de visa y los gastos de transporte, y el haber intimidado a los trabajadores entrevistados por los inspectores.