Washington, 16 jun (EFE).- Estados Unidos sancionó este viernes a una red criminal de México acusada de cobrar a los migrantes entre 10.000 y 70.000 dólares para ayudarles a cruzar de manera irregular la frontera y entrar en territorio estadounidense.
De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, esta organización de contrabando de personas ha sido responsable de la entrada ilegal de miles de personas indocumentadas a EE.UU. desde al menos 2018.
Washington también sancionó a la líder de este grupo, Ofelia Hernández Salas, implicada en falsificación de documentos y corrupción en México para introducir a migrantes en el país a través de la frontera. Supuestamente está vinculada al cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro.
Hernández Salas, detenida el pasado 17 de marzo en la ciudad de Mexicali, está encarcelada en México a la espera de su extradición a Estados Unidos.
Un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Arizona presentó cargos contra Hernández Salas en 2021.
Asimismo, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro individuos supuestamente vinculados a esta organización criminal: Raúl Saucedo Huipio, Jesús Gerardo Chávez Tamayo, Fátima del Rocío Maldonado López y Federico Hernández Sánchez.
Según Estados Unidos, Saucedo Huipio, encarcelado en México, se comunicaba con personas implicadas en el tráfico de personas para cruzar a migrantes a Estados Unidos.
Por su parte, Chávez Tamayo supuestamente recibía pagos por servicios de contrabando y Maldonado López está acusado de alterar documentación y proporcionaba alojamiento a migrantes en Chiapas, México.
“En estrecha coordinación con nuestros colegas encargados de la aplicación de la ley y con nuestros socios mexicanos, la designación de Ofelia Hernández Salas y de su empresa criminal tiene por objeto desbaratar las operaciones mundiales del grupo”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, sobre esta acción coordinada con el Gobierno de México.
Como resultado de estas sanciones, se prohíbe a los ciudadanos de Estados Unidos realizar algún tipo de transacciones con estas personas, y se congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.