Washington, 31 oct (EFE).- Estados Unidos anunció este martes su decisión de imponer restricciones de viaje a 14 personas, y a sus familiares inmediatos, por “socavar la democracia y el Estado de derecho” en Guatemala.
El Departamento de Estado estadounidense no entró en detalles sobre las personas afectadas, pero un funcionario del Departamento de Estado precisó a EFE que la medida afecta a 14 individuos, entre los que están varios funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco y sus familiares.
“La política de restricción de visado reafirma nuestra continuo apoyo a los ciudadanos, organizaciones y todo el pueblo de Guatemala”, destacó el funcionario.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, rechazó por su parte en un comunicado que Washington “rechaza los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica de poder en Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”, y recordó que la Fiscalía, entre otras acciones, ha incautado material electoral que estaba bajo la custodia del Supremo o ha solicitado la evacuación por la fuerza de manifestantes pacíficos.
Ese “comportamiento antidemocrático”, según su nota, “socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, en la que se afirma que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas.
Miller apuntó que Estados Unidos se suma a otras instituciones regionales e internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su llamamiento a “un traspaso de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al Estado de derecho”.
Este mismo martes el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró como “inalterables” los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto, en los que resultó electo en segunda vuelta Arévalo de León.
Ese proceso electoral está considerado el más polémico en la historia democrática de Guatemala debido a la judicialización de los comicios y al intento del Ministerio Público de revertir los resultados.