Washington, 23 nov (EFE).- Estados Unidos pidió este miércoles la liberación de los manifestantes cubanos detenidos en el 11J, entre ellos un joven que era menor cuando sucedieron las protestas, cuyo juicio comienza hoy.
“Nos preocupa el próximo juicio de Jonathan Torres Farrat, que sólo tenía 17 años durante las protestas del #11J. Se enfrenta a hasta 8 años de prisión”, apuntó a través de las redes sociales el subsecretario para Latinoamérica del Departamento de Estado, Brian Nichols.
El mensaje está acompañado por una fotografía del joven, que está acusado de participar en las que resultaron ser las mayores protestas en Cuba en décadas.
“Las familias deben estar juntas. El gobierno cubano debe liberar a Jonathan y a otros manifestantes detenidos”, apunta el responsable de las relaciones con Latinoamérica de la cartera de Exteriores.
Un total de 15 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba son juzgados desde este miércoles por un tribunal de La Habana por “atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir” y se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel.
Según recoge el escrito al que ha tenido acceso EFE, se les señala por lanzar “piedras, botellas, maderos y otros artículos” a la Policía y gritar consignas contra el Gobierno y el presidente Miguel Díaz-Canel.
Las edades de los acusados oscilan entre los 17 y los 51 años, con Torres como el más joven. Él es una de las 55 personas entre 16 y 17 años que se enfrentan a un proceso penal por los hechos.
Los juicios contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de 2021.
Familiares de los condenados y varias ONG han criticado estos procesos, alegando la falta de garantías, la fabricación de pruebas y las penas elevadas.
Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios, mientras que el Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz del 11J.
Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.