EE.UU., la oposición y ONGs de Nicaragua rechazan la nueva ley de agentes extranjeros

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NICARAGUA GOBIERNO

Managua, 16 oct (EFE).- Estados Unidos, la oposición nicaragüense y organismos humanitarios rechazaron este viernes, por separado, la polémica Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, promovida y aprobada por la mayoría sandinista en el Parlamento, con el argumento de que podrá ser usada como un “instrumento de represión” por el Gobierno que preside Daniel Ortega contra sus críticos.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo en Twitter que esa nueva ley está “dirigida contra la oposición pro-democracia y medios independientes” nicaragüenses, por lo que la catalogó como “otra movida autoritaria de Ortega para silenciar a sus críticos”.

“Los nicaragüenses no serán libres hasta que puedan expresarse y organizarse sin temor”, señaló Kozak en un tuit enviado por la embajada estadounidense en Managua.

La nueva legislación clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.

La misma ley indica que los “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional incluso si son nicaragüenses.

“OFENSA A LA DEMOCRACIA Y LOS DD.HH.”

Por su lado, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) divulgó su “preocupación y condena” ante esa ley, al considerar que con esta “el régimen Ortega Murillo ejercerá control totalitario sobre la ciudadanía en general, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, y movimientos sociales”.

“Esta nefasta ley viene a coartar por completo los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, y a acentuar el estado de terror ya existente en el país”, destacó el Cenidh.

El miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, indicó que la ley está dirigida “a oprimir más al pueblo en sus derechos y libertades, como si fueran poco los casi 30 meses de represión sistemática y de graves violaciones a los derechos humanos bajo la responsabilidad de la tiranía Ortega Murillo”.

“Es una ofensa a la democracia y a los derechos humanos”, insistió el Cenidh, que advirtió que la ley muestra la “nula voluntad” del presidente Ortega “y la decisión de perpetuarse en el poder a costa de represión y acciones criminales”.

“FRAUDE ELECTORAL EN CÁMARA LENTA”

Al respecto, la exguerrillera, exministra de Salud y disidente sandinista Dora María Téllez afirmó que la ley es parte de un “fraude electoral en cámara lenta”, de cara a los comicios de 2021, y lo comparó a Ortega con un boxeador tramposo.

“Es un boxeador derrotado, que quiere llegar al ring haciendo trucos, manda a golpear a su contrincante antes de que suba, a deteriorar sus guantes, le manda a envenenar el agua, para que suba lo más debilitado posible”, graficó la exguerrillera.

En la práctica, “Ortega ha echado presa a miles de gentes sin acusaciones, ha fabricado delitos, juicios, torturado gente, violado a personas en las cárceles, asediado y perseguido opositores, eliminado las ONG, medios de comunicación, no es nada nuevo, más que lo pusieron en una ley”, dijo Téllez, en declaraciones a la emisora La Corporación.

“TIPO COREA DEL NORTE”

“Se ha aprobado una ley tremenda en cuanto a la mutilación de los derechos y libertades de los nicaragüenses. Es un paso gigantesco en llevar al país a un sistema totalitario, tipo Corea del Norte”, señaló, por su lado, el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia José Dávila.

El director ejecutivo del mismo movimiento, Juan Sebastián Chamorro, afirmó que la “conocida popularmente como Ley Putin”, en alusión al presidente ruso Vladimir Putin, “es inconstitucional” y que “incluso va a tener consecuencias sobre proyectos de índole privado”.

La dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco Alexa Zamor, alertó sobre las “facultades discrecionales” que la misma otorga al Ministerio de Gobernación para decidir “los temas que pueden ser permitidos o no en materia de derechos humanos y promoción de la democracia”, así como los efectos en temas de salud educación, entre otros, que en los que “el Gobierno no tiene la capacidad de asumir” por sí solo.

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