Disyuntiva de Países Bajos: recoger a sus yihadistas o renunciar a juzgarlas

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YIHADISTAS PAÍSES BAJOS

La Haya, 11 jul (EFE).- La Justicia neerlandesa ha dado un ultimátum al Gobierno para que recoja a un grupo de mujeres holandesas retenidas en los campos de detención kurdos, en el noreste de Siria, a donde fueron para sumarse al grupo yihadista Estado Islámico (EI). Si no están en Países Bajos en tres meses, se cerrarán sus casos penales para siempre.

La otra opción es que el Ejecutivo de Mark Rutte demuestre, con argumentos convincentes, que no ha sido posible pero que ha hecho todo lo necesario para traerlas a Países Bajos y que puedan participar en los juicios abiertos en su contra como sospechas de pertenencia a una organización terrorista y preparación de atentados con el EI.

Ellas quieren volver, así lo han comunicado a través de sus abogados: quieren estar en las sesiones que se celebran en los tribunales neerlandeses, pero no pueden salir de forma independiente del campo de detención kurdo y necesitan ayuda del Gobierno.

Sin embargo, el Gobierno ha mantenido una política clara: quienes quieran ser repatriados a Países Bajos deben acudir a su embajada más cercana (Irak o Turquía) e indicar su deseo de ser extraditados, pero no habrá repatriación activa porque es peligroso enviar a sus funcionarios a una zona en guerra para recoger a mujeres que viajaron allí voluntariamente.

Pero en junio, rompió esa dinámica: una delegación holandesa recogió a Ilham B., una mujer de Gouda que se sumó al EI en 2016. Con ella, fueron repatriados a Países Bajos tres niños, dos hijos suyos y un tercero de padres desconocidos.

El proceso penal a Ilham B, de 29 años, estaba a punto de cerrarse. No podía ser juzgada en rebeldía, al haber mostrado su voluntad de estar en el juicio, pero su repatriación levantó muchas críticas, entre ellas las de Rutte. “Acción incomprensible”, dijo la diputada liberal (VVD), Ingrid Michon.

“Es inaceptable que traigamos al enemigo islamista del EI aquí. ¡Esas mujeres terroristas han perdido su derecho a pisar suelo neerlandés!”, denunció el ultraderechista Geert Wilders.

Ahora cinco holandesas piden desde 2018 el fin de sus juicios porque no pueden defenderse. El Ejecutivo tiene hasta octubre para recogerlas o explicar por qué no fue posible hacerlo. De lo contrario, sus casos penales corren el riesgo de cerrarse para siempre, porque no habrá más apelaciones y, de volver eventualmente a Países Bajos en el futuro, nunca podrían ser procesadas por pertenecer a una organización terrorista.

“El juez exigió que se recogieran hace años, si es posible. Parece que el Estado, en realidad, no ha hecho nada en este tiempo”, subrayó el abogado de estas mujeres, André Seebregts, una autoridad en el campo de la defensa penal, incluidos casos de terrorismo.

Otras ocho mujeres presentaron el martes pasado solicitudes similares de repatriación, pero los tribunales aún estudian sus casos, por lo que el Gobierno dispone de más tiempo antes de que se celebre una nueva sesión y el juez haga la misma exigencia, con un ultimátum similar al de las otras cinco.

De estas trece mujeres, una está en el campamento sirio de Al Hol y 12 están en Al Roj, donde se encuentran las familias de los combatientes yihadistas y otros residentes del derrotado “califato”.

Los servicios de inteligencia (AIVD), el Coordinador Nacional de Seguridad y Antiterrorismo (NCTV) y la Fiscalía prefieren que estas mujeres estén en Países Bajos porque estarían vigiladas. El Defensor del Niño también reclama la repatriación de los menores.

En 2019, aprovechando que el Gobierno francés iba a recoger en Siria a 12 niños franceses, Rutte le pidió recoger también a dos huérfanos neerlandeses de 2 y 4 años como “un caso muy especial”, pero enfatizó que no tenía intención de traer a más menores holandeses.

Según el último informe del AIVD, de octubre de 2020, hay 120 neerlandeses en Siria e Irak, sobre los que pesan órdenes internacionales de arresto, y unos 210 niños que tienen al menos un padre de Países Bajos.

El director general de AIVD, Erik Akerboom, aseguró que al menos 15 han escapado de los campos y hay una treintena aún en los dos del noreste de Siria.

El ministro de Justicia, Ferdinand Grapperhaus advirtió de que el tiempo se acaba porque “existe la posibilidad de que las autoridades kurdas las liberen en algún momento” y justificó el caso de Ilham B. en que “la impunidad debe siempre evitarse”.

El Parlamento neerlandés prefiere que sean juzgadas en la región o ante un tribunal internacional para crímenes del EI, pero esa opción es cada vez menos viable, dijo Grapperhaus. “Los fugitivos podrían reincorporarse a grupos terroristas y regresar a Países Bajos sin ser detectados”, alertó la ministra de Cooperación, Sigrid Kaag.

Imane Rachidi