Miami, 2 mar (EFE).- La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) acusó este jueves al gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, de hacer un uso político de la inmigración y de las personas sin papeles que llegan a este territorio del sureste de Estados Unidos.
La líder de la organización WeCount -parte de FLIC-, la peruana Virginia Vicente, dijo a EFE tras participar en un acto de protesta contra DeSantis que el gobernador no hace más que favorecer políticas de “odio y exclusión” contra los inmigrantes.
FLIC organizó hoy una manifestación ante la sede los juzgados en Miami coincidiendo con la presentación de argumentos ante un magistrado por el enfrentamiento legal entre el Gobierno de Florida y la FLIC a partir de que el Ejecutivo local promoviera la ley contra las llamadas “ciudades santuario”.
Estas “ciudades santuario” en EE.UU. favorecen la atención a los inmigrantes sin los correspondientes permisos con políticas que facilitan su integración social y laboral.
Vicente, que trabaja en Miami limpiando casas desde hace 13 años en situación irregular, señaló que WeCount tiene como objetivo que DeSantis no use a los inmigrantes “para sus fines políticos”.
La inmigrante hacía así referencia a la posible presentación por parte de DeSantis de su candidatura para competir en las primarias por la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024.
Vicente sostuvo que la aprobación por parte de DeSantis, en 2019, de una ley de contra “ciudades santuario” responde a una estrategia premeditada para “ganar puntos en su campaña política”.
Representantes de FLIC y el Gobierno de Florida expusieron hoy ante un juez sus argumentos en la disputa judicial a partir de que varias organizaciones presentaran una demanda federal impugnando la ley de DeSantis contra las “ciudades santuario” por inconstitucional.
El 1 de julio de 2019 entró en vigor una orden judicial que detuvo la norma impulsada por DeSantis y un tribunal federal dictaminó el 21 de septiembre de 2021 que secciones clave de la ley violaban la igualdad constitucional.
Ante esa decisión, DeSantis y la fiscal general del Estado de Florida, Ashley Moody, presentaron una apelación, un caso en el que hoy las dos partes expusieron argumentos ante la Corte de Apelaciones del 11 Circuito de EE.UU. en Miami.
Vicente explicó que la normativa que favorece DeSantis supondría perder derechos como es el acceso a asistencia sanitaria y a ciertos servicios que otorgan entidades municipales.
“Si se imponen las políticas del gobernador DeSantis mi hija no podría haber accedido a la educación universitaria”, subrayó la activista de WeCount, organización que defiende los derechos de inmigrantes en situación irregular de sectores como la limpieza, construcción y el trabajo agrícola.
David Metellus, director de Políticas FLIC, señaló por su parte que DeSantis sigue una política completamente opuesta a la de la Administración del presidente Joe Biden de favorecer la reunificación familiar.
“Los inmigrantes suponen un beneficio para la economía de Florida y suman el 30 % de los proyectos empresariales que se ponen en marcha”, dijo Metellus, tras recordar que EE.UU. es “una nación de inmigrantes”.
Además, alertó que frenar la llegada de inmigrantes supondrá poner en peligro distintos sectores laborales, como el sanitario, en el como recordó el 24 % de los enfermeros de Florida lo constituyen personas llegadas del extranjero.
DeSantis puso en marcha en 2022 un Programa de transporte de extranjeros no autorizados que le permitió enviar en septiembre pasado por avión a medio centenar de inmigrantes desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts, y recientemente se aprobó una ley que lo consolida.
Además ha anunciado un mayor endurecimiento de su política contra la inmigración irregular.