Washington, 1 abr (EFE).- Una coalición de organizaciones defensoras del derecho al voto ha presentado este martes una demanda para impugnar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por la que todo aquel que quiera registrarse para votar en las elecciones federales deberá aportar documentos que demuestren su ciudadanía, entre otros cambios.
La querella legal, presentada en un tribunal federal del Distrito de Columbia, argumenta que la orden firmada por el mandatario estadounidense la semana pasada es inconstitucional y arrebata el poder a los estados otorgado por la ley y el Congreso.
Trump ha dado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a “millones” de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.
“Esta orden, está basada en una narrativa falsa y racializada persistente”, subrayaron las organizaciones demandantes en un comunicado.
Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las organizaciones.
El mandatario ha dicho en numerosas ocasiones que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden, y, en concreto, ha asegurado que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.
Además de la prueba de ciudadanía, la orden exige a los estados dejar de contar las boletas electorales enviados por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.
También requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.
“El presidente no tiene autoridad constitucional ni estatutaria para dictar unilateralmente cómo se llevan a cabo las elecciones. Esta orden ejecutiva constituye una flagrante violación de la separación de poderes”, subrayaron los demandantes.
Los defensores del voto, también han apuntado a la injerencia del Ejecutivo en las elecciones que causaría la orden, que, entre otras cosas, da poder al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para revisar padrones electorales y prohíbe recibir donaciones de extranjeros en ciertas elecciones, entre otros cambios.
“Estos ataques ilegales al derecho al voto forman parte de un esfuerzo más amplio para socavar nuestra democracia”, puntualizan las organizaciones.