Los Ángeles, 15 jun (EFE).- Seis votantes y una organización defensora de los derechos de los electores demandaron hoy miércoles al condado de Riverside (California) bajo argumento de que los latinos no están representados de manera justa en el mapa electoral.
La organización Inland Empire United y seis residentes del condado presentaron la demanda sobre el mapa electoral de Riverside aprobado en 2021.
Los demandantes alegan que el plan de distritos “diluye ilegalmente el voto de los residentes latinos”, impidiéndoles una participación significativa en las elecciones de supervisión.
Michael Gómez Daly, director ejecutivo de Inland Empire United, dijo en un comunicado que “el plan de redistribución de distritos de los supervisores es un caso clásico de políticos que anteponen sus propios intereses a los de las personas”.
Los latinos constituyen casi la mitad de los aproximadamente 2,5 millones de residentes de Riverside y dos quintas partes de la población votante.
Riverside es un condado vecino de Los Ángeles.
A pesar del crecimiento de la población hispana en las últimas décadas, sólo ha habido un miembro de origen latino en la Junta del Condado de Riverside en sus 129 años de historia, destacaron los demandantes en un comunicado.
El actual plan de redistribución incluye sólo un distrito donde los latinos constituyen la mayoría de los votantes y no representa de manera precisa e inclusiva al 49,7 % de los residentes latinos del condado, subrayaron.
La demanda alega que la marginación de los residentes latinos ha resultado en un acceso desigual a los servicios e inversiones del Gobierno, que incluyen aire limpio, educación de calidad y vivienda asequible.
La querella exige que la Junta rescinda su plan actual y adopte un plan que cumpla con la Ley FAIR MAPS.
“No existe justificación para dibujar un mapa que divida innecesariamente a las comunidades latinas profundamente afectadas por las políticas del condado y les niegue la oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia”, dijo Julia Gómez, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California, que representa a los demandantes.