Nueva York, 22 ene (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó este miércoles a la Administración de Donald Trump por su política de deportaciones “por la vía rápida”, argumentando que priva a los inmigrantes de un proceso legal justo, por lo que viola la Constitución.
ACLU, que es la principal ONG en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos, interpuso la demanda junto a sus delegaciones de Washington DC y Nueva York en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, tras ordenar Trump una campaña de deportaciones masiva.
Uno de los abogados que interpusieron la denuncia, Anand Balakrishnan, que trabaja en el proyecto de derechos de los inmigrantes en ACLU, destacó que la política de deportaciones en caliente de Trump le permite hacer “trampas para circunvalar el proceso debido y la Constitución”.
La denuncia argumenta que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Trump restableció este martes en todo su alcance la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
ACLU destacó en un comunicado que esa política priva a los inmigrantes del proceso que exige que tengan una audiencia justa, e ironizó con que estas personas “tendrán un menor proceso debido luchando contra su deportación que luchando contra una multa de tráfico”.
Ayer, en el primer día completo bajo el mandato de Trump, y tras ordenar una batería de medidas de mano dura contra la inmigración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a 308 inmigrantes considerados “graves criminales”, según anunció este miércoles el “zar” de la frontera, Tom Homan.
ACLU ha llevado ya a los tribunales otra de las polémicas medidas del presidente, una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.