San José, 19 mar (EFE).- El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, negó este miércoles la existencia de violaciones a los derechos humanos de los 200 migrantes, entre ellos 81 menores, de diversas nacionalidades que este país recibió desde Estados Unidos en febrero pasado.
“Todo el ordenamiento jurídico costarricense incluyendo las disposiciones de refugio y de asilo tienen vigencia”, declaró André en una comparecencia ante el Congreso a la que se le convocó para que se refiriera al acuerdo con Estados Unidos para la recepción de migrantes deportados y su posterior repatriación.
El canciller dijo que el acuerdo con Estados Unidos es “de buena fe”, con “ánimo de cooperación” y “solidaridad”, en el cual Costa Rica se comprometió a brindar la ayuda humanitaria y Estados Unidos a correr con los costos de su estadía y de su repatriación a sus países o a una tercera nación segura.
“Costa Rica es un país serio, coherente y ordenado en su político exterior. Estamos asumiendo la responsabilidad de atender a estas familias y les estamos garantizando su retorno ordenado y seguro a su país de origen o destino final”, apuntó el ministro.
Según el canciller, de los 200 migrantes recibidos, 69 personas ya regresaron a sus países, 34 están en proceso de retorno pronto y está pendiente el proceso para 97. Ninguno ha solicitado asilo o refugio.
En febrero pasado Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas en total originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
El Gobierno costarricense ha informado que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos proporciona fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la ayuda humanitaria y atención a estas personas.
El canciller André enfatizó en que Costa Rica ha asegurado “el trato humanitario que estas personas merecen” facilitando servicios médicos, alimentarios y de hospedaje.
Los migrantes fueron enviados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) ubicado en el sur del país, zona fronteriza con Panamá, donde las autoridades no les permiten movilizarse fuera de las instalaciones por motivos de seguridad, según ha indicado el Gobierno.
La organización Human Rights Watch emitió el martes un comunicado en el que indicó que cinco de los migrantes declararon a la organización que habían huido de la persecución y que, tanto ellas como otras personas, informaron repetidamente a las autoridades estadounidenses y costarricenses sobre su intención de solicitar asilo.
“Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de EE. UU.”, afirmó el asesor principal en derechos del niño de Human Rights Watch (HRW), Michael Garcia Bochenek.
“Las autoridades costarricenses deben procesar con celeridad las solicitudes de refugio y garantizar que ninguna persona sea enviada a un lugar donde corra el riesgo de sufrir daños graves”, aseveró Garcia.
Según HRW, en Costa Rica las familias están retenidas en un centro de recepción de migrantes, tienen acceso a sus teléfonos móviles y pueden comprar minutos y datos, “pero las autoridades costarricenses retienen sus pasaportes y otros documentos de identidad”.
“Aunque las personas entrevistadas manifestaron su agradecimiento por el refugio, la alimentación y la actitud generalmente acogedora del personal del centro, describieron condiciones inadecuadas para niños y niñas. Los padres señalaron que el clima cálido y húmedo afectaba el apetito y el estado de ánimo de sus hijos. Además, el centro no ofrece educación ni actividades estructuradas para la infancia, y las oportunidades recreativas son escasas”, indicó HRW.