San José, 19 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó a México de la desaparición, tortura y feminicidio en 2001 de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez.
La Corte determinó en la sentencia notificada este viernes a las partes que “el Estado incumplió con el deber de debida diligencia que surge frente a la desaparición de mujeres y, por ende, era responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Lilia Alejandra García Andrade”.
Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años, era madre de dos niños y trabajaba en una planta maquiladora. El 14 de febrero de 2001 salió a trabajar, pero no regresó a su casa. Su madre, Norma Andrade, se presentó a reportar su desaparición ante la policía, pero su denuncia no fue tramitada con diligencia.
El 21 de febrero, el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un terreno baldío y la causa de muerte fue por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual.
La CorteIDH estableció que en la investigación el Estado “no desarrolló medidas que implementaran un enfoque de género ni que tomaran en cuenta los distintos factores de vulnerabilidad que confluían en el caso de Lilia Alejandra”.
Entre 2001 y 2010, la investigación estuvo a cargo de varias fiscalías sin avances significativos. En 2023 se inició un proceso judicial contra un sospechoso del crimen que está actualmente en curso.
La CorteIDH estableció que al momento de los hechos en Ciudad Juárez “había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada” y además declaró la responsabilidad del Estado por la falta de prevención de los ataques y amenazas sufridas por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, por su lucha como madre de una víctima de feminicidio.
Los hijos de Lilia también fueron incluidos por la CorteIDH como víctimas del caso tras sufrir diversas violaciones a sus derechos.
El Tribunal consideró que México no contaba con la estructura institucional y normativa para hacer frente al contexto de violencia contra la mujer que se vivía en Ciudad Juárez y que llevaron al feminicidio y violación de Lilia Alejandra, por lo que “no cumplió con su deber de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir la violencia de género ni de adoptar medidas normativas e institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
En la sentencia, la CorteIDH ordenó al Estado mexicano continuar con las investigaciones de los hechos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; realizar diagnósticos normativos e institucionales en favor de una política integral en contra de la violencia de género y las desapariciones.
Los jueces también ordenaron al Estado tomar medidas en favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y de las madres de víctimas de feminicidio, entre otras.