Corte valorará la obligación civil del expresidente salvadoreño Saca en lavado

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EL SALVADOR CORRUPCIÓN

San Salvador, 1 sep (EFE).- Una corte de El Salvador determinó este miércoles que continuará una causa contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) para determinar su responsabilidad civil por el supuesto lavado de 10 millones de dólares provenientes de donaciones taiwanesas.

Uno de los fiscales del caso indicó a la prensa que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador señaló el sobreseimiento de la responsabilidad penal por la prescripción del delito, pero dio luz verde a la presentación de pruebas para valorar la responsabilidad civil.

“A pesar de que hay un sobreseimiento por prescripción, ello no inhibió para que la Fiscalía siguiera promoviendo la responsabilidad civil”, señaló.

Además de Saca, Antonio Balzaretti Kriete y Juan Tennant Wright Castro enfrentaron hoy la audiencia preliminar.

Saca, Balzaretti y Wrigth fueron absueltos por el mismo caso en julio de 2019, pero una corte de apelaciones anuló el fallo y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó en 2020 la prescripción.

No obstante, estos fallos no anularon la responsabilidad civil.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Francisco Flores (1999-2004), fallecido en 2016 antes de enfrentar un juicio por corrupción, malversó 15 millones de donaciones taiwanesas.

De este monto, 10 millones de dólares terminaron en cuentas bancarias del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que era dirigido por Saca en esa época.

La exvicepresidenta del país Ana Vilma de Escobar (2004-2009) señaló en 2016 a periodistas que el dinero fue utilizado para la campaña electoral de Saca.

Saca, el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción, purga una pena de 10 años de prisión que recibió en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.

También fue condenado a dos años de cárcel, que una corte dio por cumplidos durante la detención provisional, por ofrecer pagos para recibir información de una causa civil que enfrentaba y en la que fue condenado a devolver al Estado más de 4 millones de dólares.