Toronto (Canadá), 23 ene (EFE).- El Tribunal Federal de Canadá dictaminó este martes que el Gobierno canadiense violó la Carta de Derechos y Libertades del país cuando invocó la Ley de Emergencias para disolver la protesta antivacunas que durante semanas bloquearon el centro de Ottawa a principios de 2022.
El tribunal señaló que no fue razonable ni justificable el uso que el Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, hizo de la Ley de Emergencias, que concede poderes extraordinarios a las autoridades y que se invocó por primera vez.
Inmediatamente tras conocerse la sentencia, la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, declaró en una rueda de prensa que el Gobierno está en desacuerdo con la decisión judicial y que apelará.
Freeland aseguró que cuando el 14 de febrero se invocó la Ley de Emergencias, el Gobierno estaba “absolutamente convencido que era la decisión adecuada” y que hoy mantiene la misma conclusión.
“Me gustaría recordar a los canadienses la gravedad de la situación en la que estaba el país. Cuando tomamos la decisión, la seguridad de los canadienses estaba amenazada. Nuestra seguridad nacional, que incluye la seguridad económica, estaba amenazada”, añadió Freeland.
Pero el juez Richard Mosley, del Tribunal Federal, concluyó que “no había emergencia nacional que justificase la invocación de la Ley de Emergencias y que la decisión fue por tanto no razonable”.
El caso fue iniciado por varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Libertades Civiles de Canadá, que consideraban que el Gobierno canadiense se excedió al invocar una ley que limita las libertades individuales.
En febrero de 2023, una comisión independiente que estudió la invocación de la Ley de Emergencias concluyó que el Gobierno canadiense estuvo justificado en la utilización de la controvertida legislación.
Trudeau decidió usar la Ley de Emergencias para disolver a centenares de camiones y otros vehículos que desde finales de enero bloqueaban el Parlamento canadiense y el centro de Ottawa en protesta por las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de covid-19.
A pesar de que el ayuntamiento de Ottawa ordenó a los integrantes del llamado “Convoy de la libertad” que desalojasen la capital canadiense, el bloqueo continuó hasta que el 19 de febrero centenares de agentes de Policía disolvieron la protesta.
El bloqueo atrajo a centenares de personas y la manifestación se convirtió en una protesta con la activa presencia de grupos extremistas y ultraderechistas que demandaban el derrocamiento de Trudeau.
En otras zonas del país, grupos de camioneros también bloquearon algunos de los principales puestos fronterizos, impidiendo el tráfico de mercancías y personas, lo que forzó al Gobierno estadounidense a exigir a Ottawa que garantizase el flujo comercial.