Congresista pide que se destituya a la presidenta del Poder Judicial de Perú

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PERÚ CONGRESO

Lima, 12 jul (EFE).- Un legislador peruano pidió este lunes que el Congreso destituya e inhabilite durante diez años a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por haber “avalado” la decisión de una jueza que ordenó que se suspenda la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El congresista César Gonzales, de la bancada de Descentralización Democrática, presentó una denuncia constitucional contra Barrios en medio de una competencia de poderes que enfrenta al Congreso y el Poder Judicial por este tema.

El Congreso, que culminará su última legislatura el próximo 16 de julio, mantuvo la semana pasada su intención de elegir a los magistrados del TC a pesar de que un juzgado admitió una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección y le ordenó que disponga la suspensión provisional de la elección.

Por ese motivo, la Fiscalía peruana anunció el último sábado el inicio de “indagaciones preliminares” contra los legisladores que desacataron la resolución judicial y siguieron adelante con el proceso para intentar elegir a seis magistrados el TC.

LA DENUNCIA DEL CONGRESISTA

En su denuncia constitucional, el legislador González afirmó que luego de que la jueza Soledad Blácido admitió una medida de amparo “inconstitucional a toda luz”, la presidenta del Poder Judicial “en un ánimo de respaldar estas acciones ilegales, inconstitucionales, avaló públicamente esto”.

Añadió que Barrios, “al no tomar acciones correctivas”, confirmó que hay un “acuerdo entre ambas”, lo que “configuraría una serie de delitos que conllevarían a la inhabilitación de 10 años de la actual presidenta del Poder Judicial”.

El parlamentario señaló, incluso, que “existirían algunos intereses en tomar a través del Poder Judicial el Tribunal Constitucional”, al que calificó de “apacible” y que “siempre ha sido complaciente” con la gestión del expresidente Martín Vizcarra, quien fue destituido por el Congreso en noviembre pasado.

Por ese motivo, pidió al Congreso que inhabilite a Barrios durante 10 años y adelantó que solicitará una medida similar contra la fiscal general, Zoraida Ávalos, por el inicio de investigaciones a los parlamentarios que no acataron la orden judicial.

DEFENSA DE LOS FUEROS

Ambos poderes del Estado peruano han defendido durante la última semana sus fueros y atribuciones, con el Congreso señalando que la elección de los magistrados del TC es una potestad que les otorga la Constitución y “no están sujetos a mandato imperativo”, y la Corte Suprema ratificando que las decisiones judiciales “son de obligatorio cumplimiento” en su país

El Congreso manifestó este sábado su “preocupación” por la decisión de la Fiscalía de abrir “indagaciones preliminares” contra los legisladores que, al desacatar la resolución judicial, “habrían cometido delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”.

La Fiscalía dispuso que esta investigación se desarrolle en “un plazo de cuatro meses” y que las pesquisas incluyan la identificación de los parlamentarios que ratificaron el acuerdo de la Junta de Portavoces, para tomar sus declaraciones.

La decisión de continuar con el proceso de elección de seis de los siete magistrados del TC fue tomada en medio de pugnas internas y, principalmente, por las bancadas de la agrupación fujimorista y de partidos de derecha del Legislativo.

Mientras que el Congreso ha señalado que este martes intentará seguir con el proceso, tanto la presidenta del Poder Judicial como el fiscal Pablo Sánchez, encargado de la Fiscalía por vacaciones de Ávalos, anunciaron que este lunes no se presentarán a una citación de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

Barrios señaló que tiene “reuniones de trabajo pactadas con anticipación” y que los jueces desempeñan su labor “dentro del marco de independencia judicial y autonomía institucional, sometidos solo a la Constitución y a la ley”.

Sánchez anunció que tampoco acudirá ante la comisión y anunció que ya se han iniciado las “diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad” por “el presunto incumplimiento del mandato judicial de suspensión del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”.