Los Ángeles, 2 may (EFE).- Los miembros de una pareja de origen guatemalteco, dueños de un restaurante y una empresa de limpieza en California, fueron sentenciados este lunes por conspiración para someter a tres inmigrantes a trabajos forzados, informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
Nery A. Martínez Vásquez, de 54 años, y su esposa Maura N. Martínez, de 54 años, ambos naturalizados estadounidenses, se habían declarado el año pasado culpables de someter a trabajos forzados a una madre guatemalteca y a dos hijas.
Martínez Vásquez fue sentenciado a seis años y medio de prisión y la esposa a tres años de prisión.
Ambos acusados también fueron sentenciados a tres años de libertad supervisada y a pagar una multa de 25.000 dólares. También deberán pagar 300.000 dólares en restitución a siete víctimas.
Según documentos judiciales, los esposos, dueños del restaurante Latino’s y de una empresa de limpieza que prestaba servicios a varios negocios en la localidad de Shasta Lake, en el norte de California, “utilizaron varios medios coercitivos” para obligar a sus víctimas a trabajar largas horas de trabajo, siete días a la semana, sin pago o con mínimo pago.
Los Martinez conspiraron para traer a una familiar y sus dos hijas menores de Guatemala a Estados Unidos con visas temporales de visitante.
Tras expirar su permiso de estancia en Estados Unidos, las inmigrantes fueron obligadas a trabajar entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 largas horas en el restaurante y el negocio.
Según el DOJ, los acusados impusieron una deuda a las víctimas para evitar que regresaran a Guatemala, las sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales, y separaron a la mujer de sus hijas, todo ello para obligarlas a trabajar.
La pareja también abusó del sistema legal al amenazar a las víctimas con llamar a las autoridades de inmigración y hacerlas arrestar por exceder sus visas si no cumplían con sus exigencias.
Alojaron a las víctimas en un remolque sin calefacción ni agua corriente, y las degradaron y humillaron frente a otros.
Los imputados, además, utilizaron la fuerza y amenazas para intimidar a las víctimas. Nery Martínez incluso golpeó a las niñas con un palo, según la acusación.
La fiscal Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del DOJ, dijo en un comunicado que “el trabajo forzoso no tiene cabida en nuestra sociedad civilizada”.
“Esta sentencia deja en claro nuestro compromiso de responsabilizar a los perpetradores y nuestra dedicación para erradicar la trata de personas”, abundó.
Por su parte, el agente Sean Ragan, a cargo de la División de Campo del FBI en Sacramento, California, señaló que “este caso destaca cómo tales delitos pueden ocurrir a la vista del público en un negocio legítimo y pasar inadvertidos”.