Los Ángeles, 22 jun (EFE).- El condado de Los Ángeles llegó a un acuerdo judicial para resolver una demanda por denuncias de hacinamiento y condiciones insalubres en su sistema carcelario, el mayor del país, anunció este jueves la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
El acuerdo requiere que el condado establezca límites sobre el tiempo que los detenidos pueden estar en el Centro de Recepción de Reclusos del condado de Los Ángeles (IRC, en inglés), así como cuánto tiempo los detenidos pueden estar esposados o atados a las sillas en este lugar.
En septiembre pasado el juez federal federal Dean D. Pregerson había prohibido que los detenidos estuvieran en este lugar por más de 24 horas.
Este jueves Pregerson aprobó el acuerdo, que también requiere que el condado de Los Ángeles disminuya el hacinamiento en sus cárceles y asigne cerca de 2.000 nuevas camas para personas con enfermedades mentales.
El condado además tendrá que aumentar el personal especializado en salud mental en el IRC, que examinará y prescribirá medicamentos para los detenidos que lo requieran mientras pasan por el proceso de ingreso y son trasladados a otra cárcel.
El año pasado los abogados de ACLU encontraron en una visita condiciones que calificaron de “abominables”. Denunciaron que observaron que personas permanecieron encadenadas a sillas durante días.
Además docenas durmieron amontonados sobre concreto, donde había desechos humanos.
Las personas con necesidades de salud mental esperaron durante días en el IRC porque no hay más camas disponibles en la cárcel, denunció ACLU en la demanda.
Los abogados del condado de Los Ángeles habían admitido frente al juez las fallas en el trato a las personas que esperan ingresar a la cárcel.
Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU, dijo hoy en un comunicado que el acuerdo es “decisivo” para el movimiento para descongestionar las cárceles de EE.UU.
Por su parte, Peter Eliasberg, abogado de ACLU del sur de California dijo que “la raíz de todo esto es el fracaso del condado para reducir la población carcelaria”.
El sistema carcelario de Los Ángeles ha sido objeto de supervisión judicial desde 1978, cuando un tribunal federal falló en un caso emprendido por ACLU por violar los derechos constitucionales de personas encarceladas.