Bogotá, 3 sep (EFE).- El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, hizo un llamado tanto a Colombia como a los países vecinos a ponerse de acuerdo y tomar “medidas de fondo” para hacer frente a la crisis humanitaria que se vive por el incremento del flujo de migrantes hacia Norteamérica.
“El Gobierno (colombiano) debe revisar las medidas que debe adoptar pero no pueden ser pañitos de agua tibia, tienen que ser medidas de fondo”, dijo a EFE Camargo, quien reconoció que no es una “exigencia” solo para Colombia, ya que realmente “el Gobierno colombiano está involucrado en una problemática transcontinental”.
Más de 300.000 personas han cruzado el peligroso Tapón del Darién, la densa y montañosa selva que separa Colombia y Panamá, en lo que va de año, una cifra récord y que no deja de aumentar.
“En julio, por ejemplo, cruzaron 57.387 personas de distintas nacionalidades, una cifra visiblemente mayor frente a la registrada en julio de 2022 cuando cruzaron la frontera 29.722 migrantes”, expuso el defensor.
Y a esto se le añaden datos concretos como que en el primer semestre del año han cruzado 40.171 niños, niñas y adolescentes, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 7.369, es decir “un incremento desbordado del 445 %”.
Ante esta situación, las autoridades panameñas, que han denunciado la inacción de las colombianas, han decidido cambiar el enfoque de la crisis de “problema humanitario en una (crisis) de seguridad nacional” e incluso han llegado a culpar a organismos internacionales que hablan de la migración como un derecho humano.
Pero “la movilidad humana es un derecho humano”, alegó el representante de la organización estatal de derechos humanos, por lo que “a toda la población que se encuentra en movilidad humana siempre hay que prestarle desde los estados todas las garantías para que se desarrollen unos procesos migratorios en condiciones de dignidad humana, de regularidad, de orden”.
Así que ante el aumento del flujo de personas que cruzan la frontera, “reiterar a los Estados que tomen medidas de fondo, medidas que permitan regular ese control migratorio”, pidió Camargo.
“La problemática está sobrediagnosticada. Yo lo que creo y confío plenamente es que se produzca un fortalecimiento, una presencia institucional por parte de todo el Gobierno nacional (en la zona)”, destacó el defensor.
DECISIONES CONJUNTAS
Sin embargo, la Defensoría reconoce los límites de fortalecer esta presencia institucional, pues el Darién es una zona con acceso limitado ya no solo por las circunstancias de la propia selva -ríos, montañas, animales peligrosos- sino porque ahí “ejercen el control territorial las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Clan del Golfo”.
“Ya hemos visto suficientes episodios desafortunados de manera de que el llamado que hacemos a los grupos armados ilegales es que necesitamos que dentro de todo el proceso de la política de paz total planteada por el gobierno nacional, les invitamos a que se acojan”, demandó Camargo.
Además de este fortalecimiento, el defensor del Pueblo consideró que “el Gobierno colombiano tiene que estar en constante diálogo en permanente diálogo y comunicación con los otros gobiernos involucrados, con Panamá, con Costa Rica, con Ecuador, para que haya decisiones desde sus límites geográficas”.
“Al Estado colombiano y así como a los demás Estados decirles y exhortarlo a que tengan un verdadero compromiso frente a esta problemática migratoria que no es una situación exclusiva de Colombia, pero que Colombia como Estado, el gobierno nacional debe tomar medidas de fondo que permita contener esta situación”, insistió.