San Diego (CA), 4 nov (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio este viernes al gobierno de EE.UU. un plazo de 30 días para responder con argumentos y pruebas a una denuncia por la muerte en 2010 del inmigrante mexicano Anastasio Hernández Rojase a manos de la Patrulla Fronteriza en San Diego.
Durante una audiencia virtual los demandantes presentaron documentos, argumentos orales y testigos, con la participación desde San Diego, de la viuda del inmigrante, María Puga, quien reside en esa ciudad californiana.
Tras la vista de la CIDH, la abogada Andrea Guerrero, de la organización Alianza San Diego, señaló en una conferencia de prensa en esa ciudad que el caso del mexicano “es el primero, pero no será el último que se presente” ante esa organización de la OEA.
Guerrero declaró que en los doce años que han transcurrido desde la muerte de Hernández Rojas, se han sumado otros 250 casos similares.
Los demandantes señalaron que en mayo del 2010 más de una docena se oficiales fronterizos mataron a Hernández Rojas a golpes y con reiteradas descargas eléctricas.
Detallan que estaba esposado y sometido, con oficiales arrodillados sobre su cuello y espalda mientras suplicaba por ayuda, como quedó grabado en al menos dos videos de testigos con celulares.
La viuda de Hernández Rojas lamentó la ausencia de respuestas por parte del gobierno estadounidense durante la audiencia, situación que cuestionaron los demandantes.
“Ahorita vimos que el gobierno no tuvo palabras para contestar, como lo ha hecho en estos doce años; no saben qué contestar, porque saben que tenemos la razón y que hoy se les expuso la verdad de lo que pasó”, aseguró.
En ese sentido Guerrero dijo que “hoy es un día de vergonzoso para los estadounidenses”.
Manifestó que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es “la mayor amenaza a los derechos humanos en Estados Unidos”.
Puga dijo que ha sido una vergüenza que más de una década el gobierno siga sin responder y sin sancionar a los agentes involucrados en la muerte de su esposo.
Hernández Rojas había vivido 25 años en el condado de San Diego, tenía una pequeña empresa con la que sostenía a su familia, con cinco hijos estadounidenses.
La abogada Roxanna Althoulz, de la organización Berkeley Law y quien representa a la viuda de Hernández Rojas, lamentó “que Estados Unidos se comporte en la manera en que he visto a dictadores comportarse” al representar a víctimas en Latinoamérica.
Althoulz dijo que pidió a la CIDH que si el gobierno estadounidense falla en responder a las evidencias que se le presentaron este viernes en audiencia “entonces esas pruebas se presuman ciertas”.
La Cancillería mexicana divulgó por su parte un comunicado en que expresó que “el gobierno de México reconoce la decisión de la CIDH de llevar a cabo una audiencia” sobre el mexicano.
La secretaría mexicana de Relaciones Exteriores reconoció que Hernández Rojas “fue golpeado y electrocutado por agentes de la patrulla fronteriza” y que se “pronuncia en favor del uso de mecanismos regionales creados para analizar casos que contengan potenciales violaciones a los derechos humanos”.
La oficina de CBP en San Diego no respondió de inmediato a solicitudes de la prensa.
A la audiencia acudieron los dirigentes locales Christian Ramírez y Pedro Ríos, los primeros activistas que apoyaron a la viuda de Hernández Rojas desde que su esposo se encontraba hospitalizado, pero declarado con muerte cerebral.
El médico forense del condado de San Diego declaró que la muerte de Anastasio Hernández fue un homicidio.
Alliance San Diego ha señalado que la CIDH deberá determinar si los funcionarios estadounidenses utilizaron el poder del Estado para matar a Anastasio, encubrir el crimen y negar a su familia el acceso a la justicia.