Cese de jueces es “consumación del golpe de Estado” en El Salvador, dice ONG

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EL SALVADOR JUSTICIA

San Salvador, 18 sep (EFE).- La entrada en vigencia de una reforma legal que cesa a más de 240 jueces y magistrados en El Salvador es la “consumación del golpe de Estado” contra el órgano Judicial, de acuerdo con la organización humanitaria Cristosal.

Para la organización, con dicha reforma se está “eliminando el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución” del país centroamericano.

“Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son violatorias del derecho a la protección judicial de la población salvadoreña, así como de los derechos laborales y el debido proceso”, señaló en un comunicado divulgado en una conferencia de prensa.

Agregó que también se afecta el derecho a la igualdad y no discriminación” de los jueces y magistrados.

Los diputados del partido gobernante Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa promovieron la reforma como una medida para depurar el sistema judicial y combatir la corrupción, pero el texto del decreto no menciona las supuestas prácticas corruptas y únicamente apunta que es para “modernizar” la ley.

Un grupo de jueces y magistrados denunció el viernes al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “violación a la independencia judicial”. La denuncia se presentó mediante los abogados de Cristosal.

El presidente Nayib Bukele firmó y mandó a publicar la iniciativa en el Diario Oficial, según trascendió el viernes, y entrará en vigor la próxima semana.

Bukele defendió la medida el 15 de septiembre durante su discurso por el bicentenario de la independencia centroamericana de España y acusó, sin presentar pruebas, a estos jueces de prácticas corruptas.

Estados Unidos, mediante su encargada de negocios en El Salvador, Jean Manes, condenó la decisión de la Asamblea Legislativa y advirtió que el país enfrenta una “declive de la democracia” que “daña la relación bilateral”.

Entre los jueces que serían se cesados se encuentra Jorge Guzmán, quien conoce la causa de la masacre de unos 1.000 civiles en 1981 en la remota localidad de El Mozote a manos del Ejército y que en 2020 pidió a la Fiscalía determinar si Bukele cometió algún delito por el bloqueo a inspecciones de los archivos militares.

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó recientemente a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa.