Cerrar los neuropsiquiátricos: la deuda olvidada del Estado argentino

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ARGENTINA SALUD MENTAL

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- Casi tres décadas después de escapar del Hospital Borda, el centro neuropsiquiátrico más reconocido de Argentina, la voz de Eduardo Codina todavía se resquebraja al recordar aquellos días. Su buen humor se torna en seriedad absoluta cuando relata aquella experiencia, ocurrida en 1992, tras pasar doce años internado por razones que prefiere olvidar.

“Me sentía muy lastimado. Yo tenía conciencia de lo que me sucedía, entonces tenía que tomar una decisión: quedarme en la calle o terminar muerto por exceso de psicofármacos”, afirma Codina en una entrevista a Efe desde el Parque España, ubicado a escasos 500 metros del lugar donde sufrió un calvario.

Promulgada el 2 de diciembre del 2010, la Ley Nacional de Salud Mental obligaba a cerrar todas las instituciones psiquiátricas de Argentina, entre ellas el Hospital Borda, en un plazo de diez años, pero el objetivo está lejos de haberse cumplido: un total de 162 centros de ese tipo, coloquialmente conocidos como ‘manicomios’, siguen abiertos y 12.035 personas permanecen internadas, según cifras oficiales.

RECUERDOS DEL HOSPITAL

Codina ingresó por primera vez al Borda a comienzos de los 80, después de perder la casa donde vivía con su madre. Cuenta que compartía pabellón con decenas de usuarios y dormía sobre “camastros muy endebles”, con “ventanas rotas” que hacían sentir el “frío invierno”.

“Algunas veces terminaba tirado en una cama, con mucha pesadez y somnolencia. Dormía la mayor parte del día, me obligaban a levantarme estando dopado… Todos estaban abandonados”, lamenta.

Codina estuvo allí mucho más tiempo que su amigo Julio Rivero, quien acabó en el Borda con tan sólo 13 años, una juventud que no le impidió entender lo que veía a su alrededor.

“Te ponían inyecciones y te hacían un cóctel de remedios que te dejaba muy zombi. Estuve casi todo ese año postrado en una silla de ruedas”, señala Rivero, que recuerda que había usuarios “de toda clase, pero mal atendidos”.

Aunque el tipo de personal sanitario ha cambiado y los métodos empleados ya no son los mismos, ambos coinciden en que su hospitalización no contribuyó a mejorar su salud, ni tampoco la de los usuarios que siguen en el hospital; más bien al contrario.

“Es una lógica que implica la segregación social, la pérdida de lazos sociales, la exclusión del mercado de trabajo, la violación a los derechos humanos y el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, explica Eduardo Quiroga, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

UNA LEY INCUMPLIDA

La Ley Nacional de Salud Mental pretendía acabar con estas problemáticas decretando el cierre de los neuropsiquiátricos y su sustitución por dispositivos de salud comunitarios antes del 2020, además de incrementar el gasto en salud mental hasta el 10 % de todo lo presupuestado en salud.

De esta forma, el texto legislativo rompía la lógica tradicional, basada en internaciones de larga duración que a menudo no mejoran la salud del paciente, y proponía en su lugar la puesta en marcha de servicios de consulta ambulatoria, casas de convivencia y centros de capacitación socio-laboral, entre otras medidas.

Pero el balance de estos últimos diez años no es positivo: un total de 162 neuropsiquiátricos, 41 de ellos públicos, continúan en funcionamiento y el tiempo medio de internación actual es de 8,2 años, según el censo realizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social en 2019, mientras que el dinero destinado apenas roza el 2 %.

Para revertir esta situación, que varía enormemente según la jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, el distrito con más usuarios del país, anunció a finales del 2020 la construcción de “una provincia libre de manicomios”, prohibiendo nuevas hospitalizaciones en los pabellones de larga estadía.

“Nuestra provincia tiene que transformar su modelo de atención”, manifiesta a Efe Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental bonaerense, que estima un plazo de tres a cinco años para culminar el “proceso de reforma” de los cuatro hospitales públicos de la provincia.

Sin embargo, Calmels no sabe cuándo se cumplirán los preceptos de la Ley Nacional de Salud Mental, puesto que para cerrar los neuropsiquiátricos y bajar la cronicidad “hay que construir la otra alternativa de salud”, la comunitaria, “y eso es mucho más complejo”.

“Eso implica trabajar mucho con los hospitales generales para las internaciones breves y para la capacidad de recepcionar los episodios agudos en los momentos más críticos. La transformación de los manicomios es una pieza dinamizadora de algo mucho más complejo”, indica.

Esta legislación también ofrece amparo jurídico para que las personas con padecimientos mentales puedan tener una vida independiente, como es el caso de Eduardo Codina, que ahora aspira a cumplir el “sueño” de su madre fallecida: contar con una vivienda en propiedad.

Javier Castro Bugarín

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