Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La extradición a Estados Unidos del mexicano Rafael Caro Quintero, quien fuera el narcotraficante más buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y de cuya última detención se cumple un año este sábado, se ha convertido en una de las monedas de cambio de México para presionar a Washington en sus negociaciones en materia de seguridad.
Tras ser detenido por segunda vez por las autoridades mexicanas cuando se guarecía en la sierra del norteño estado de Sinaloa, Quintero, conocido como el “narco de narcos” durante la década de 1980, está a la espera de ser entregado a la justicia estadounidense.
No obstante, analistas consideran que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría dilatando el proceso para presionar a Washington en negociaciones relacionadas con el tráfico de armas o de fentanilo, un opioide sintético que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en EE.UU.
“Todo parece indicar que el Gobierno mexicano le está permitiendo a Caro Quintero avanzar en todos los recursos para frenar su extradición hasta que llegue a una negociación”, explicó a EFE el especialista en seguridad pública David Saucedo.
La extradición del narcotraficante podría entrar dentro de un amplio paquete de medidas de seguridad entre ambos países, según el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva, pero no servirá para resolver asuntos concretos.
“Caro Quintero por el fentanilo lo descarto. Pero en un acuerdo más amplio sí es posible esa opción”, dijo en una entrevista.
El estado de “punto muerto” en el que está el proceso, consideró, es común en casos mediáticos y se debe a los recursos dilatorios interpuestos por la defensa del delincuente, que aprovechan vacíos o contradicciones de la ley mexicana.
ENTRESIJOS DE LA NARCOPOLÍTICA
En la postura del Gobierno de López Obrador, de acuerdo con Saucedo, influiría la reticencia a entregar a narcotraficantes de alto perfil que puedan facilitar información privilegiada acerca de la colusión del Estado mexicano con el narcotráfico.
“La llegada de Quintero a EE.UU. les proporcionaría información sobre lo que ocurre en la narcopolítica mexicana, por lo que intuyo que la extradición no se dará en este sexenio”, previó.
Pese a que los testimonios de narcotraficantes mexicanos que cumplen condena al otro lado de la frontera han servido recientemente para encerrar el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna (2006-2012), el académico de la UNAM cuestionó la validez de la información obtenida de estas fuentes.
“No basta que lo digan delincuentes de esa ralea, que son capaces de vender a su hermana. La información que puedan tener puede resultar sensible, pero ¿cómo se valida?”, apuntó.
A Caro Quintero lo rodean leyendas tan grandes como su historial delictivo.
Se dice que llegó a acumular una fortuna de casi 500 millones de dólares y que se ofreció a pagar la deuda externa de México a cambio de que lo dejaran operar.
JUSTICIA POR CAMARENA
Caro Quintero (Sinaloa, 1952), fundador y líder del cartel de Guadalajara, fue responsable del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, motivo por el que los estadounidenses ofrecieron hasta 20 millones de dólares de recompensa por su captura, y del piloto mexicano Alfredo Zavala en 1985.
Aunque tras su primera detención, en Costa Rica ese mismo año, fue sentenciado por la justicia mexicana, en 2013 quedó libre después de que varias causas en su contra fueran desechadas.
Un error en el proceso por el homicidio de Camarena dejó sin efecto la sentencia y, dos años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió la decisión. Pero ya campaba a sus anchas.
Este embrollo político, incidió Oliva, abre la puerta a que pueda ser juzgado en EE.UU. por el mencionado asesinato, algo que acrecienta la presión para extraditarlo, además de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
“Tengo dudas con respecto que sea legal, en tanto ya fue juzgado en México por ello, pero me parece que EE.UU. tiene abierta la causa. Únicamente sabemos de manera genérica que hay una acusación por tráfico de drogas”, agregó Saucedo, quien lamentó la opacidad alrededor del caso.