Redacción EFE News, 7 mar (EFE).- Activistas proinmigrantes han urgido al Senado de Georgia a votar en contra de un proyecto de ley migratorio que obligaría a policías y alguaciles de ese estado a identificar indocumentados y detenerlos para su deportación.
La medida, que ha sido tramitada de forma urgente, fue presentada tras el asesinato de la estudiante Laken Hope Riley en el campus de la Universidad de Georgia a manos supuestamente de un indocumentado hace dos semanas.
Los activistas entregaron este jueves una petición con más de seis mil firmas al presidente del Senado estatal, el vicegobernador republicano Burt Jones, quien podría convocar a una sesión en los próximos días para evaluar la HB1105, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes de ese estado de forma expedita.
“Este proyecto es un nuevo intento de vilipendiar a las comunidades de inmigrantes en general”, declaró en un comunicado la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia (GALEO).
Esta organización, junto a la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Georgia (GIRA), se movilizó para tratar de evitar que la mayoría republicana en el Congreso estatal “implante el perfil racial en todo el estado”.
Según entienden, la ley no busca aumentar la seguridad de la población, sino que es un intento “oportunista”, aprovechando la muerte a golpes de Riley.
La estudiante de Enfermería de 22 años fue encontrada muerta el 22 de febrero después de que una compañera de cuarto informara que no regresó de correr por la mañana en una zona boscosa.
El asesino sería el indocumentado venezolano José Antonio Ibarra de 26, quien está detenido sin fianza y acusado de por lo menos seis delitos, incluido asesinato en primer grado.
Ibarra ingresó a Estados Unidos desde México en 2022. No está claro si había solicitado asilo.
“Los políticos están utilizando el trágico asesinato para justificar propuestas perjudiciales dirigidas ampliamente a comunidades inmigrantes, exigiendo a las fuerzas del orden locales, bajo amenaza de enjuiciamiento penal, que identifiquen y denuncien al ICE a extranjeros sospechosos”, declaró a Efe Andrés Parra, organizador comunitario de GALEO.
En su opinión, “los republicanos estaban esperando una oportunidad como esta”, para replantear a ciudades y condados la obligación de participar en el llamado acuerdo 287(g) con ICE, que permite la cooperación entre las policías locales y las autoridades de inmigración.
El proyecto de ley convertiría en culpables de un delito menor a los alguaciles que no verifiquen el estatus migratorio de los extranjeros que tengan bajo custodia. El proyecto negaría fondos estatales a las cárceles y alguaciles que no cooperen.
Durante el debate del proyecto en la Cámara de Representantes, legisladores demócratas advirtieron que el proyecto de ley causaría que las personas fueran detenidas por largos períodos, separaría familias y generaría desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes.
Dijeron que estaba arraigado en una narrativa falsa de que los inmigrantes traen crimen, citando estudios que muestran que tienen menos probabilidades de ser arrestados.
Según un informe actualizado al 25 de febrero de 2024 de la Universidad de Syracuse en Nueva York, el 67,2% de detenidos a esa fecha por las autoridades de inmigración no tienen antecedentes penales.
“Queremos justicia por lo que le pasó a Laken Riley. No queremos personas violentas en las calles, estén aquí, legalmente o no”, dijo la representante demócrata Esther Panitch.
“Pero este proyecto de ley no lo logrará. Este proyecto no cerrará nuestras fronteras. No nos hará más seguros y no hará que las mujeres estén más seguras”, agregó.
La ley acercaría a Georgia a estados con leyes de inmigración más agresivas como Texas, que aprobó una ley que permite a la policía arrestar a los indocumentados y otorgará a los jueces locales la autoridad para ordenar deportaciones.
Por su parte, el congresista republicano Jesse Petrea, autor de la medida, dijo que la ayuda local es necesaria. “No cooperar con las autoridades federales de inmigración pone en peligro la seguridad pública y convierte en una burla las leyes de inmigración de nuestra nación, punto”, afirmó.
Este jueves la Cámara de Representantes de EE.UU. también aprobó un proyecto de conocido como Ley Laken Riley, que daría más recursos a ICE para detener a inmigrantes acusados de delitos menores.