Los Ángeles, 26 sep (EFE).- La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos echó abajo este lunes una parte de una ley en California que prohibía las cárceles de inmigración administradas por compañías privadas, bajo el argumento de que la medida es inconstitucional.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la empresa de cárceles privadas GEO ganaron la batalla legal contra el estado de California por la ley AB 32 del estado.
La ley aprobada en 2019 impide al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) firmar o renovar un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evitará que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La disposición también afecta a los centros de detención de inmigración administrados por empresas privadas.
Las dos principales compañías de seguridad privadas del país, GEO Group y CoreCivic, fueron las firmas más afectadas con la medida.
En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO impugnó la medida alegando que el propósito de la ley estatal era “socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”, y pidió al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto. El Ejecutivo estadounidense se unió a la demanda.
En una votación de 8 a 3, la Corte de Apelaciones en pleno dijo que la ley violaba la Constitución.
En octubre de 2021 un panel de esa corte había fallado en contra de la medida.
“(California) no puede ejercer este nivel de control sobre las operaciones de detención del Gobierno federal”, escribieron los jueces.
Los magistrados añadieron que “para cumplir con la ley (AB 32), el ICE tendría que cesar sus operaciones de detención de inmigrantes en curso en California y adoptar un enfoque nuevo en el estado”.
California ha argumentado que tiene el derecho legal de salvaguardar la salud y la seguridad de los detenidos en el estado, pero el Noveno Circuito dijo que la ley discrimina al Gobierno federal, ya que el ICE sólo tiene centros de detención de gestión privada en California.