Washington, 5 may (EFE).- El presiente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este viernes en una entrevista en la cadena MSNBC el envío de 1.500 soldados a la frontera con México ante el final previsto para la próxima semana del Título 42, una normativa sanitaria que permite las expulsiones en caliente de migrantes.
“He pedido ayuda al Congreso en términos de lo que necesitan en la frontera. Necesitan más agentes”, dijo el mandatario.
El plan de Biden ha recibido críticas por parte de legisladores republicanos, que acusan al demócrata de hacer poco y tarde, pero también por algunos de su propio partido, como el senador Bob Menéndez, que considera que enviar militares a la frontera criminaliza a los migrantes.
Los miembros del Ejército en activo no pueden obligar a cumplir las leyes, por lo que los refuerzos que enviará la Casa Blanca no podrán realizar expulsiones, recuerda MSNBC.
El mandatario aseguró que su Gobierno también enviará a mil jueces especializados en asilo para acelerar los procesamientos de las personas que llegan a la frontera.
Biden defendió que en este caso es el Congreso estadounidense el que debe actuar, reformando la política migratoria del país para dar una solución duradera a la crisis en la frontera.
EE.UU. pondrá fin el próximo 11 de mayo a la emergencia sanitaria por la covid-19, lo que implicará el levantamiento del Título 42, utilizado desde el mandato de Donald Trump (2017-2021) para las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera con la excusa de la pandemia.
El Gobierno de Joe Biden ha pronosticado un aumento de las llegadas de migrantes de distintos países de la región tras el fin de la normativa.
Para tratar de mitigar el impacto, el país anunció la semana pasada que todos aquellos que crucen la frontera y no puedan demostrar que son víctimas de persecución o tortura en sus países serán expulsados bajo el Título 8, otra política que permite expulsiones aceleradas.
Además, Washington tiene intención crear centros para tramitar los casos de migrantes en otros países, como Colombia y Guatemala. España y Canadá han aceptado acoger a personas procedentes de esos centros.