Redacción HOLA/ La Opinión | [email protected]

Jacksonville, FL.- La revisión de las cuentas de redes sociales a viajeros e inmigrantes que arriban a los Estados Unidos o tienen abiertos trámites migratorios en el país no es un tema nuevo, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De entrada, hay que destacar que esta política es seguimiento a una orden en el DHS de 2012, durante el gobierno del presidente Barack Obama, a fin de establecer que el manejo, control y destrucción de la información de redes sociales debe manejarse bajo diferentes criterios, pero hay prioridad de cómo administrar esos datos para labores de Inteligencia y contrainteligencia.

“Esta directiva se aplica a todo el DHS con respecto al acceso y la recopilación, el uso, mantenimiento, retención, divulgación, eliminación y destrucción de Datos Personales (IIP, en inglés) en relación con el uso operativo de las redes sociales”, se explica en el “Alcance” del documento firmado el 8 de junio de 2012. “Con la excepción de uso operativo de las redes sociales para… (d) las actividades autorizadas de Inteligencia llevadas cabo por la Oficina de Inteligencia y Análisis, y elementos de contrainteligencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos, o cualquier otra oficina que realiza funciones de inteligencia extranjera o contrainteligencia autorizadas”.

El DHS insistió en que no era un política de la actual administración del presidente Donald Trump y destacó cuatro aspectos que se deben considerar.

De acuerdo al DHS,  agentes de ICE y CBP podrán pedir a cualquier persona que viaja a los EE.UU.  o tiene un proceso migratorio iniciado, que muestre sus cuentas de redes sociales desde el celular, así como los alias con que esa persona está dada de alta. La revisión puede ser en celulares, tabletas o computadoras.

El DHS confirmó que la misión de esta medida es evitar fraudes de identidad, ubicar a posibles terroristas o cualquier otro tipo de criminal, que pueda representar un peligro a la seguridad de los EE.UU.

La información será concentrada en los archivos de datos personales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), principalmente de aquellas personas que tienen trámites migratorios en el país, como la búsqueda de residencia oficial o ciudadanía. La autoridad no especificó cómo afecta esto a un proceso.

Para aclarar por qué circuló la información de que esta ‘nueva política’ comenzaba este 18 de octubre, el DHS informó que se debió a que se publicó en el diario  oficial del gobierno, el 18 de septiembre pasado, como un modo para intensificar una medida que ‘ya estaba en uso’.

La Unión Americana de Libertades  Civiles (ACLU) dijo que esta medida hace que  “la privacidad se enfrente a las progresivas amenazas de un creciente aparato de vigilancia que a menudo se justifica en nombre de la seguridad nacional”.

Según esta organización, “la recolección del gobierno de esta información sensible es, en sí misma, una invasión de la privacidad. Pero el uso de estos datos también está lleno de abuso”.

“La historia ha demostrado que las herramientas de vigilancia secretas y poderosas serán utilizadas casi seguro de forma abusiva con fines políticos y se usarán desproporcionadamente en contra de minorías desfavorecidas”, destacó la ACLU.

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