Nueva York, 2 mar (EFE).- Dos mexicanos fueron arrestados en Connecticut por el tráfico ilegal de personas a los que alojaban en su casa en la ciudad de Hartford, capital del estado, y forzaban a trabajar bajo amenazas si no pagaban tarifas, intereses y otros gastos de manutención exorbitantes, informaron hoy la fiscalía general y el FBI.
María del Carmen Sánchez Potrero, de 69 años, y Francisco Paredes Espinoza, de 56, fueron acusados de conspirar para el contrabando, transportar y albergar o inducir a extranjeros a ingresar a EE.UU., por los que enfrentan una sentencia de 10 años.
También fueron acusados de conspirar para el tráfico de mano de obra y por extorsión, delitos que se castigan con 20 años de prisión, agrega el comunicado conjunto de las autoridades.
Indica además que Sánchez, conocida como “Carmela” y Apolinar “Pancho”, residentes en la ciudad de Hartford, permanecen en prisión por orden del juez Robert A. Richardson, quien fijó una audiencia de fianza para la mujer para el próximo 8 de marzo.
De acuerdo con la acusación, el FBI y la policía de Hartford entrevistaron, a partir de septiembre del año pasado, a unos diez mexicanos que dijeron que fueron traídos de contrabando a EE.UU desde su país y llevados hasta Hartford, por entre 15.000 y 20.000 dólares, que debían pagar una vez estuvieran en EE.UU.
En la mayoría de los casos, los acusados les exigieron entregarles la escritura de una propiedad como garantía antes de salir de México.
Sánchez y Paredes crearon documentos falsos para las víctimas, incluidas la tarjeta de residencia permanente, así como del seguro social y les ayudaron a encontrar empleo en el área de Hartford; a algunos se les exigió además realizar tareas domésticas o que ayudaran a Paredes en sus responsabilidades laborales sin compensación y sin que se redujera ese trabajo de su deuda, indica además el comunicado, según la acusación.
Se precisa además que Sánchez rara vez proporcionó a las víctimas un informe de su deuda y que si no hacían los pagos regulares, o en las cantidades exigidas, les amenazaban, lo que incluía hacerle daño a sus familias en México, quedarse con la propiedad que habían dado como garantía, denunciarles con las autoridades estadounidenses o aumentar los intereses de lo que pagaban.
En un caso, Sánchez presuntamente amenazó a de sus víctimas con llamar a la policía con haber sido víctima de un intento de violación.
El comunicado indica además que la investigación del caso fue un trabajo conjunto entre las autoridades de Connecticut, las de inmigración y el FBI.