Miami, 19 may (EFE).- La red Alianza Américas condenó este lunes desde Estados Unidos la detención en El Salvador de Ruth López, defensora de derechos humanos y jefa del área Anticorrupción de la organización no gubernamental Cristosal, al enmarcarla dentro de “un patrón contra voces críticas” en el país centroamericano.
“Como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en EE.UU., conocemos de cerca, y valoramos el trabajo de Cristosal. Expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos este hecho como parte de un patrón preocupante de criminalización contra voces críticas e independientes”, expresó en un pronunciamiento.
La Alianza Américas, red de más de 50 organizaciones lideradas por migrantes de Latinoamérica en EE.UU, se unió a Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) en denunciar el arresto de López, abogada “involucrada en múltiples casos de lucha contra la corrupción”, incluyendo al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
López, incluida en la lista de la BBC de las 100 mujeres más influyentes de 2024, quedó detenida la noche del domingo porque la Fiscalía General la acusa de peculado por supuestamente participar “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, ahora detenido.
Pero se desconoce dónde está y, por ende, no tiene acceso a representación legal ni contacto con su familia, lo que implicaría una violación de su derecho al debido proceso y una desaparición forzada, alertó la Alianza Américas.
“Nos preocupa la pérdida de independencia de la administración de justicia y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad en El Salvador”, comentó.
El posicionamiento demandó a El Salvador informar sobre el lugar donde López está detenida, permitirle comunicarse con sus abogados y garantizar su integridad física y psíquica.
La abogada ha participado en demandas de inconstitucionalidad, informes sobre transparencia, en la presentación de avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.
En octubre pasado, participó en la solicitud a la Fiscalía para que investigue las irregularidades encontradas en la entrega de un bono por el Gobierno de Bukele de 300 dólares a la población en la pandemia de la covid-19, que habría alcanzado un monto de 513 millones dólares.
Además, la organización Cristosal es una de las principales organizaciones humanitarias de El Salvador que han recabado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos de personas detenidas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2021, entre ellas torturas y capturas arbitrarias.