Agua limpia para Carolina de Norte

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El anuncio del gobernador de Carolina del Norte de emitir un permiso para que la compañía Atlantic Coast Pipeline pueda construir una tubería de gas a cambio  que el estado reciba $57.8 millones para reducir las llamadas ‘huellas del carbono’ y  se expandan las fuentes de energía renovables significa una solución para unos y el descontento de otros en materia de conservación del  medio ambiente.

Y es que la tierra de Carolina del Norte afectada por la destrucción de zonas verdes para levantar moles de cemento en ciudades como Charlotte y sus alrededores ahora enfrentaraá el corte de árboles  a lo largo  de 600 millas que cubren   condados como Halifax,  Nash,  Wilson,  Johnson,  Cumberland,  Sampson y Roberson.

Duke Energy y Dominion Energy son los socios principales de la compañía  que logró el permiso del agua con la gobernación para poder construir la tubería de gas natural que viene del norte.

La ruta ha sido cuestionada a lo largo del país porque, según los analistas,  el trayecto se ha trazado sobre comunidades indígenas y habitantes de bajos recursos.

Según el memorando del 25 de enero de la Oficina del Gobernador, todos estos temas han sido analizados y la compañía Atlantic Coast va a cuidar, no solo la vegetación, sino  las aves y el medio ambiente,  además de facilitar nuevos trabajos y el desarrollo de la industria.

Todo parece indicar que el sacrificio de la naturaleza será recompensado por los beneficios del acuerdo.

Los más incrédulos a todas estas promesas  son los afectados con las cenizas de carbón que mantienen las aguas contaminadas en varias ciudades de las Carolinas sin que hasta el momento la compañía Duke Energy les haya dado respuestasdefinitiva a la claridad del agua.

Otros que tampoco confían son los usuarios del servicio de electricidad cuyo aumento de los precios del servicio se vería incrementado.

Comunidades nativoamericanas y proteccionistas del medio ambiente han protestado a lo largo de la ruta de la tubería de gas .

En Carolina del Norte,  las agencias federales no están obligadas a consultar con las comunidades indígenas aunque por recomendación de la ley o acto de preservación histórica deban hacerlo.

Se dice que un ochenta por ciento de los propietarios de tierra están de acuerdo y confiamos en que el gobernador haya tomado la mejor decisión al otorgar este permiso.

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