Washington, 25 may (EFE).- Las nuevas medidas implementadas por Estados Unidos para el asilo han agravado la situación de los migrantes en México donde las autoridades han recurrido a una “dispersión arbitraria”, afirmaron este jueves grupos activistas.
El 12 de mayo el gobierno del presidente Joe Biden puso fin al uso de la norma sanitaria conocida como Título 42, que permitía la expulsión expedita de migrantes por razones de salud pública, y al mismo tiempo instauró nuevas restricciones en el trámite para la solicitud de asilo.
“En México ya no podemos hablar de crisis sino de un desastre humanitario”, dijo en una teleconferencia Sandra García Álvarez, directora ejecutiva de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) en México.
García señaló que en México se reciben migrantes expulsados desde Estados Unidos que no son enviados a sus países de origen, y que las autoridades mexicanas han recurrido a lo que ella describió como “dispersión arbitraria” con traslados a diferentes partes del país.
Por su parte Álex Morse, subdirector regional de Church World Services advirtió que si bien las medidas tomadas por la Administración Biden “han tenido éxito en reducir el número de personas que cruzan la frontera cada día, nada han hecho para aumentar la protección de los más vulnerables”.
“Esas medidas nada hacen para encarar la violencia y la persecución política en la región que empuja a tanta gente en la búsqueda de seguridad”, añadió. “El número de personas que ingresan a México sigue creciendo”.
Un informe de la organización sostuvo que “los intereses políticos y electorales en México y en Estados Unidos, mueven las decisiones de autoridades, no el interés por la vida, seguridad, integridad y derechos de las personas en situación de movilidad humana forzada”.
Morse y García indicaron que como resultado de esas políticas, tanto de parte de Estados Unidos como de México, los albergues para migrantes y refugiados han llegado en algunos casos a un 800 % de su capacidad.
“Creemos que éste es un modelo explotador que impone a los albergues operados por voluntarios y la sociedad civil el manejo de una crisis predecible y creada por políticas”, afirmó Morse.