Activista de DDHH exige plena voluntad internacional ante la crisis de Nicaragua

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San José, 19 oct (EFE).- El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, exigió este martes a la comunidad internacional una “voluntad plena” para solucionar la crisis que atraviesa su país, ante lo que considera una “dictadura sangrienta” del presidente Daniel Ortega.

“La solución que nosotros miramos a corto plazo es la incidencia de la comunidad internacional con una voluntad política plena de poder seguir aplicando más sanciones de forma individual, institucional y por qué no, al Estado mismo”, declaró Leiva en una entrevista con Efe en Costa Rica, país en el que vive exiliado y con asilo político desde 2018.

Leiva dijo que las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega busca su cuarto mandato consecutivo, se celebrarán en un contexto de violación a los derechos civiles y políticos, y sin garantías mínimas.

Las elecciones “se van a desarrollar en un contexto de la comisión de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio viral, violaciones atroces a los derechos humanos, es decir en una crisis profunda de derechos humanos, con consecuencia de una migración hacia otros países de la región, principalmente Costa Rica”, expresó.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 108.000 nicaragüenses abandonaron su país entre 2018 y 2020, en el contexto de las protestas antigubernamentales, en las que cientos de manifestantes resultaron muertos, presos o desaparecidos.

Por su parte el grupo de exiliados Nicaragüenses en el Mundo (NEEM) ha indicado que dicha cantidad pudo haberse duplicado en el contexto del año electoral, que inició en noviembre pasado y concluirá el día de los comicios.

En esas elecciones, el mandatario Ortega pretende un cuarto mandato consecutivo en medio de un proceso en el que quienes se perfilaban como sus principales rivales por la oposición se encuentran detenidos, acusados de “traición a la patria”.

Desde junio pasado, la Policía Nacional que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, además de periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos.

Leiva dijo hoy que la ANPDH promociona el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la salud, al trabajo digno y al ejercicio de los derechos políticos y civiles.

Sin embargo, lamentó que en Nicaragua “ese camino está cerrado”, debido a la “dictadura cruel y sangrienta”, ante lo que urgió a la comunidad internacional a “no tratar con guantes de seda a un usurpador del poder”.

“Esta situación que Nicaragua enfrenta producto de un poder totalitario y centralizado como el de Daniel Ortega debe de ser tomado como lo que es, como se tiene que tomar a un delincuente que no tiene el más mínimo respeto a los derechos humanos”, dijo Leiva.

El defensor de derechos humanos agregó que el respeto a la libertad, a la reunión y a la libertad de expresión “es una fantasía en Nicaragua y esto tendrá que traer consecuencias en el accionar de la comunidad internacional”.

Sobre los miles de exiliados en Costa Rica, Leiva agradeció a este país por acogerles, pero señaló que existen algunos problemas de inseguridad y que han habido casos de agresiones contra varias de estas personas, hechos que están siendo investigados por autoridades judiciales.

El activista advirtió que Costa Rica podría recibir miles de exiliados más en las próximas semanas debido a las elecciones del 7 de noviembre, que podrían generar un peso grande en el sistema de refugio del país.

Datos de la Dirección de Migración de Costa Rica indican que desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica de Nicaragua, ha recibido más de 100.000 solicitudes de refugio de personas nicaragüenses.

Costa Rica ha recibido históricamente flujos de migrantes nicaragüenses en contextos de guerras, conflictos internos o por la búsqueda de mejores condiciones económicas.

De los 5,1 millones de habitantes, cerca del 10 % de la población es extranjera, en su mayoría nicaragüenses, de acuerdo con los datos oficiales.

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