Tijuana (México), 18 ene (EFE).- A una década del arribo masivo de personas migrantes haitianas a la mexicana Tijuana, la comunidad que decidió establecerse en esta ciudad fronteriza continúa enfrentando barreras estructurales que dificultan su integración plena a la sociedad, en un contexto marcado por la precariedad laboral, la falta de regularización migratoria y la persistente discriminación racial.
El flujo haitiano hacia México se intensificó tras el terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó más de 200.000 muertos y millones de personas desplazadas en Haití.
Vivianne Petit-Frére, organizadora comunitaria y vicepresidenta del Instituto Comunitario Haitiano (ICH), recordó que el éxodo tuvo su punto de quiebre en la tragedia de 2010 y que la migración fue una estrategia de supervivencia.
“Caminamos hasta llegar a esta frontera para buscar ingresar a Estados Unidos, pero con las políticas de cierre y apertura, una parte importante de la comunidad se quedó asentada en Tijuana”, relató.
Entre 2016 y 2017, Tijuana se convirtió en uno de los principales puntos de asentamiento. De acuerdo con datos oficiales y organizaciones civiles, actualmente viven en Baja California entre 10.000 y 15.000 personas haitianas, muchas de ellas con hijos nacidos en México.
Profundas dificultades
Petit-Frére señaló que estos diez años han estado marcados por esperanza y resistencia, pero también por profundas dificultades, especialmente en materia de regularización migratoria.
Explicó que quienes no accedieron a la reunificación familiar o no tienen hijos nacidos en México enfrentan procesos largos y complejos ante las autoridades.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) no regulariza fácilmente, y con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) los trámites se extravían, tardan hasta un año y obligan a las personas a presentarse cada semana o cada mes”, explicó.
La falta de documentos, advirtió, impacta directamente en la vida cotidiana, al limitar el acceso al empleo formal, la seguridad social y la atención médica, y expone a la comunidad a abusos laborales y vulneraciones de derechos humanos.
“Todo está conectado: la documentación afecta el empleo, la salud, lo social y la dignidad”, resumió.
Claudia Portela, administradora del Proyecto Salesiano A.C., coincidió en que uno de los principales obstáculos es la imposibilidad de obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TBRH).
“No basta con el oficio, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) exige la tarjeta para tramitar el RFC (Registro Federal de Contribuyentes), y sin RFC no hay trabajo formal. La mayoría de los solicitantes de refugio, especialmente de la comunidad haitiana, termina en la informalidad mientras espera la resolución de su estatus”, dijo.
Esta situación se agrava ante un entorno internacional cada vez más restrictivo. Las políticas migratorias de Estados Unidos han reducido las opciones de asilo y cruce, obligando a miles a redefinir su proyecto de vida.
“Para algunos, el llamado ‘sueño americano’ se ha desvanecido (…) Hay quienes ya no quieren irse y otros que necesitan cruzar porque su madre o sus hijos están allá. Aquí no tienen oportunidades y México tampoco ha sabido aprovechar esa fuerza de trabajo joven que está esperando una oportunidad”, afirmó Petit-Frére.
A ello se suma la discriminación racial. Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, advirtió que el racismo continúa siendo un problema estructural.
“Si ya existe discriminación contra la población afromexicana, ¿qué podemos esperar de migrantes con piel oscura que vienen del Caribe y se han asentado en la ciudad? Son víctimas de marginación por el color de la piel”, afirmó, aunque reconoció que la comunidad ha logrado organizarse y visibilizar sus demandas.
Pese a las adversidades, la comunidad haitiana ha tejido redes de apoyo y resistencia. “Tenemos la costumbre de sobrevivir”, dice Petit-Frére, quien subraya que la migración es también una responsabilidad colectiva con las familias que quedaron atrás. “Uno migra buscando esperanza y tiene que traer respuestas”.
Diez años después del éxodo, la activista concluyó que “los haitianos en Tijuana continuarán buscando esa luz que les permita vivir con dignidad”, mientras las políticas migratorias y laborales no se ajusten a la realidad de quienes ya forman parte de la ciudad.
