Nairobi, 15 jul (EFE).- El futuro político del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, vuelve a estar en el punto de mira, después de la reactivación el pasado mayo de su proceso de destitución relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país.
Tras iniciarse este miércoles de una vista judicial sobre la solicitud urgente presentada por Ramaphosa para paralizar el proceso, estas son las claves para entender el escándalo que ha sacudido una vez más la política sudafricana, conocido como «Farmgate»:
1. Robo en la granja de Ramaphosa
En junio de 2022, el exjefe de la agencia de inteligencia sudafricana Artur Fraser -cercano al expresidente Jacob Zuma (2009-2018)- presentó una demanda según la cual el 9 de febrero de 2020 se produjo un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la granja de Ramaphosa en Phala Phala, en la provincia de Limpopo (norte).
Fraser acusó a Ramaphosa de ocultar ese robo a la Policía y a la Hacienda sudafricanas en una operación de lavado de dinero, así como del presunto secuestro de los ladrones y de intentar sobornarlos para silenciarlos, lo que dio lugar a una investigación policial.
Ramaphosa admitió el robo, pero negó cualquier falta y argumentó que el dinero provenía del negocio de la venta de animales de presa (donde son habituales los pagos en efectivo) y que no percibe un salario por esta granja, un negocio que, según él, sufría pérdidas.
Asimismo, cifró la suma robada en 580.000 dólares (unos 507.000 euros al cambio actual).
2. Informe acusatorio
Tras la demanda de Fraser, un partido minoritario, el Movimiento de Transformación Africana (ATM, en inglés), interpuso una moción en el Parlamento en la que acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas.
Se nombró entonces un comité independiente de tres miembros que concluyó en un informe que, «prima facie» (a primera vista), el presidente pudo cometer una «violación grave» de varias leyes anticorrupción, además de incurrir en «mala conducta grave» al exponerse a un «conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados».
3. Proceso interrumpido…y reactivado
El proceso quedó interrumpido cuando la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) rechazó el 13 de diciembre de 2022 la adopción del informe con el voto en contra de 214 del total de 400 diputados, lo que impidió la formación de un comité parlamentario para evaluar la destitución del presidente.
El partido de Ramaphosa, el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), dio instrucciones a sus legisladores en ese sentido, aunque cinco rompieron la disciplina de voto.
Pero el proceso se reanudó este mayo, cuando el Tribunal Constitucional declaró esa votación «inválida y nula», como respuesta a un recurso presentado en 2024 por el partido opositor de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF).
4. Pasos para la destitución
El artículo 89 de la Constitución sudafricana permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la carta magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional, se creó el llamado Comité de Destitución sobre la Investigación de la Sección 89, formado por 31 parlamentarios de 16 partidos políticos, que investiga los hechos.
Si el comité recomienda la destitución, ésta será sometida a votación parlamentaria y aquí es donde las normas podrían jugar a favor de Ramaphosa, ya que la destitución del presidente necesitaría el respaldo de dos tercios de la Cámara (267 diputados).
Aunque el CNA perdió en las elecciones generales de 2024 la histórica mayoría absoluta que ostentaba desde el establecimiento de la democracia en 1994, el partido todavía conserva 159 asientos en la Asamblea Nacional, más de un tercio del total.
5. Reacción de Ramaphosa
Tras la publicación del informe en 2022, circularon fuertes rumores sobre la posible dimisión de Ramaphosa, algo que finalmente no sucedió. De hecho, el presidente fue reelegido días después como líder del CNA.
Ahora, Ramaphosa tampoco piensa dimitir porque «hacerlo sería dar crédito a un informe del panel que, lamentablemente, presenta graves deficiencias», según alegó en un discurso a la nación este mayo.
El presidente presentó el 12 de junio una solicitud urgente ante el Tribunal Superior del Cabo Occidental para detener el proceso de destitución hasta que se resuelva otro recurso que él mismo presentó en mayo ante la misma corte contra el citado informe, y que tiene una audiencia programada el próximo septiembre.
Exlíder sindical y uno de los sudafricanos negros más ricos, Ramaphosa sucedió a Zuma en la Presidencia en 2018, comprometiéndose a atajar la corrupción y el malestar económico desatados bajo su predecesor.
