Washington, 10 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos orales en el caso Glacier contra el Sindicato de Transportistas, donde la empresa de cemento Glacier Northwest argumentó que una huelga de sus camioneros causó la destrucción de material, por lo que están sujetos a ser demandados.
El fondo del caso tiene que ver con la forma en que se resuelven disputas sindicales: de acuerdo a las leyes del país, el foro preferente para determinar si una huelga se produce de acuerdo a la ley es la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), que se encuentra actualmente revisando el caso.
Para el Sindicato de Transportistas, esto significa que no pueden estar sujetos a una demanda estatal como la que Glacier Northwest interpuso tras la huelga. Así lo entendió también el Tribunal Supremo del estado de Washington, donde la compañía presentó la demanda, que rechazó escuchar el caso.
La compañía pide ahora al Supremo estadounidense que revierta la decisión de la corte de Washington, permitiendo que el sindicato de transportistas se enfrente a una demanda a nivel estatal.
De hacerlo, y de aceptar como válida la tesis de Glacier, la mayor instancia judicial del país estaría yendo en contra de sus propios precedentes, que estipulan dejar en manos de la NLRB asuntos que tienen que ver con la legalidad de una acción sindical.
La acción en concreto contra la que Glacier protesta fue la de abandonar camiones llenos de cemento que no había sido entregado a los clientes, lo que finalmente causó que el contenido se enfriara y quedara inservible.
La compañía argumenta que esto equivale a destruir el producto, algo que no está protegido bajo las leyes laborales, por lo que el derecho a huelga no impidiría que los trabajadores sean demandados en un juzgado estatal.
Los trabajadores, por su parte, explicaron que no solo llevaron los camiones de vuelta a la empresa en el momento de la huelga, sino que los dejaron encendidos, de forma que el material no se pudiera enfriar hasta que no se apagara el motor.
La jueza progresista Ketanji Brown Jackson llegó a comparar la acción de los trabajadores con el resultado que tendría en un supermercado una huelga de personal, y explicó que no se podría culpar a los empleados de que la leche se pusiera mala al abandonar su trabajo.
El abogado Carter Phillips, representando a la Cámara de Comercio estadounidense, pareció objetar esa clasificación y pidió, de hecho, que la corte revierta la decisión del tribunal de Washington de no escuchar el caso.
Sin embargo, también pareció estar de acuerdo con que abandonar un producto que se va a echar a perder no es lo mismo que activamente provocar la destrucción de material de la compañía.
El abogado que representa al sindicato, Darin Dalmart, aseguró que sus clientes sí que dieron amplio margen a la empresa para recuperar el cemento o entregarlo por otros medios, y que, de hecho, todas las huelgas buscan provocar un perjuicio económico a una empresa, por lo que aceptar la tesis de Glacier equivaldría a limitar el derecho a huelga.
Los trabajadores, siempre y cuando han tomado medidas para evitar la destrucción agravada de material de la empresa, no son responsables de que bienes perecederos queden inservibles, aseguró Dalmart.
El Gobierno estadounidense ha tomado un papel poco convencional en el caso, aceptando los argumentos de ambas partes y proponiendo una solución intermedia, que no implicaría la eliminación de precedentes constitucionales.
Según la caracterización de los hechos de la administración estadounidense, el Supremo de Washington debió aceptar escuchar la demanda de la empresa, ya que en aquel momento la NLRB aún no había tomado cartas en el asunto.
Sin embargo, una vez que la Junta de Relaciones Laborales ha decidido atender al caso, ese es el foro donde se debe decidir si las acciones de los trabajadores están protegidas bajo las leyes laborales.
De aceptar totalmente la tesis de Glacier, el Supremo estadounidense revocaría el precedente de dar prioridad a la NLRB para interceder en casos donde está en cuestión la validez de una huelga -un precedente que permite que los trabajadores de todo el país estén sujetos a los mismos estándares laborales.