Los Ángeles, 19 may (EFE).- Grupos que abogan por los inmigrantes urgieron hoy jueves al Congreso de Estados Unidos a destinar recursos en el presupuesto de 2023 para que inmigrantes tengan una representación legal cuando están peleando sus casos en las cortes de inmigración.
Representantes de organizaciones que pertenecen a la Alianza Américas se reunieron esta semana con diferentes legisladores para pedirles que incluyan en el presupuesto unos 400 millones de dólares para financiar la representación legal de aquellos que enfrentan la deportación y no tienen recursos.
“La gente merece tener un abogado que los defienda en la corte y un intérprete en el idioma que mejor entiendan, independientemente de sus ingresos, raza, idioma o estatus migratorio”, dijo Luis López Reséndiz, vocero de CIELO, organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que aboga por las comunidades indígenas locales.
En un comunicado emitido este jueves, la Alianza explicó que los activistas se reunieron con legisladores de Maryland, Minnesota, California e Illinois para pedir la inclusión de los fondos en el presupuesto del Departamento de Justicia para el año fiscal 2023.
Veinte senadores ya habían expresado su apoyo a esta financiación en una carta publicada a principios de esta semana. Entre los demócratas que respaldan esta iniciativa están Bernie Sanders, Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren.
Giselle Rodríguez, vocera de Illinois Workers in Action (IWA), dijo en el comunicado que “nuestros tribunales deben defender el debido proceso y la justicia para todos, no sólo para aquellos que pueden pagar un abogado”.
La Asociación de Guatemaltecos Sin Fronteras de Maryland, COPAL de Minnesota, el Centro de Recursos de Centroamérica (CARECEN) y la Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN) hacen parte de los grupos que lideran este esfuerzo.
Según cifras de la Alianza Américas, 56 % de todas las personas que comparecen ante un tribunal de inmigración carecen de asesoría legal, lo que rebaja sus expectativas de ganar sus casos.
La acumulación de casos que aguardan una decisión judicial por parte de los tribunales de inmigración llegó en abril a 1784.623, según datos del centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse (Nueva York).