Los Ángeles, 18 may (EFE).- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos dio al estado de Texas 10 días para enmendar su plan de recuperación por el huracán Harvey que “dañó desproporcionadamente a residentes afroamericanos e hispanos”, informó hoy el alcalde de Houston, el demócrata Sylvester Turner.
“Después de revisar todo de nuevo, el HUD envió sus hallazgos de no cumplimiento a la Oficina Territorial General (GLO) de Texas y le dio 10 días para llegar a un acuerdo voluntario de reconciliación”, dijo Turner durante una reunión del Concejo de la ciudad.
En caso de que la GLO no cumpla, el HUD enviará el asunto al Departamento de Justicia. “Estaremos monitoreando cuidadosamente para ver qué ocurre entonces”, añadió el alcalde.
En marzo pasado, una investigación del HUD encontró que la GLO “discriminó sobre la base de la raza y el origen nacional” al decidir cómo distribuir 2.000 millones de dólares en mitigación de desastres.
La GLO no dio fondos a Houston y al condado de Harris (del que la ciudad es sede) a pesar de que la región fue una de las más castigadas por Harvey en 2017.
Los fondos en cuestión no se destinarían a ayudar a los residentes a reconstruir, sino a proyectos de mitigación de inundaciones que ayudarían a proteger a los residentes de desastres futuros.
Texas Housers, organización sin fines de lucro con sede en Austin que aboga por residentes de bajos ingresos, y Northeast Action Collective, grupo vecinal con sede en Houston que propugna inversiones equitativas para enfrentar inundaciones, presentaron el año pasado una denuncia argumentando que el criterio de la GLO para determinar cómo se asignarían los fondos desfavorecía a afroamericanos e hispanos.
La GLO se defendió alegando que su plan de acción para los fondos había sido aprobado por el HUD.
En una carta enviada esta semana al estado de Texas, el HUD recordó que “ha dejado en claro a los receptores (de los fondos) y específicamente a la GLO que la aprobación de un plan de acción no constituye una determinación de que las acciones emprendidas para aplicar el plan cumplen con las leyes de derechos civiles”.
Añadió que su revisión del caso constituye “una determinación formal de no cumplimiento” con las leyes de igualdad de oportunidades que prohíben a los receptores someter a las personas a “segregación o trato diferenciado en un programa o actividad sobre la base de raza, color u origen nacional”.