Bogotá, 25 jun (EFE).- Colombia comenzó este jueves la transición hacia el Gobierno del presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien trabaja en la conformación de su gabinete, mientras los partidos políticos empezaron a definir si respaldarán a la nueva Administración o ejercerán la oposición en el Congreso.
Un día después de ser proclamado oficialmente presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de recibir su credencial, De la Espriella aseguró que ya trabaja junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en la selección de los integrantes de su Ejecutivo.
«Con mi vicepresidente estamos seleccionando a quienes integrarán el Gobierno. No improvisaremos porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos», afirmó.
En materia de seguridad, De la Espriella lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales y les dio un mes para someterse a la justicia, al advertir que su Gobierno no ofrecerá negociaciones como las impulsadas por la política de «paz total» del presidente saliente, Gustavo Petro.
«A esas personas que están al margen de la ley (…) disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de Derecho», manifestó el presidente electo, quien aseguró que quienes persistan en actividades criminales enfrentarán «toda la capacidad del Estado».
El mandatario electo, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, se reunió este jueves de manera informal con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Hugo Quintero Barnate, para «establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público».
También habló con la presidenta de la Corte Constitucional, Paloma Meneses, y del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, sobre sus planes de cara a los primeros días de mandato, una de ellas revivir la propuesta de cadena perpetua a violadores de niños.
Reorganización política
Mientras tanto, el mapa político comenzó a reorganizarse de cara al nuevo mandato.
El Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro y del excandidato Iván Cepeda, anunció que ejercerá una «oposición firme, democrática y movilizada» frente a cualquier intento de desmontar las reformas impulsadas durante el actual Gobierno.
La bancada oficialista, que será la mayor fuerza del Congreso con 26 senadores y 43 representantes, aseguró además que impulsará la creación de un «Frente Amplio por la Vida» junto a otros sectores progresistas.
En contraste, el Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), confirmó su decisión de convertirse en partido de Gobierno y expresó su disposición a respaldar las iniciativas del nuevo presidente en asuntos como seguridad, crecimiento económico y generación de empleo.
El partido uribista cuenta con una bancada de 17 senadores y 30 representantes en el Congreso.
El derechista Cambio Radical también se declaró como partido de Gobierno para acompañar «las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada» con el equipo de De la Espriella.
Por otro lado, el mandatario electo continuó recibiendo felicitaciones internacionales de dirigentes de izquierdas como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y la mexicana Claudia Sheinbaum, así como de organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina.
Promesas económicas
En el plano económico, analistas consideran que una de las principales tareas de la próxima Administración será enfrentar el deterioro de las finanzas públicas y recuperar la confianza de los inversionistas, tras un aumento de la deuda pública y el déficit fiscal durante los últimos años.
De la Espriella ha prometido un fuerte ajuste fiscal, reducir el tamaño del Estado y reactivar la exploración y producción de petróleo y gas como parte de su programa económico para el periodo 2026-2030.
Después de tomar posesión del cargo, el presidente electo tendrá un plazo de seis meses para presentar su Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso para su debate y aprobación.
