Miami, 27 oct (EFE).- Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización hispana más antigua del país, aseguró a EFE que una investigación aclarará la procedencia de un millón de dólares de su plataforma en Puerto Rico, unos fondos “oscuros” que se han saldado con el despido de al menos cinco de sus directivos.
El caso, que se ventila en un tribunal de Texas, ha empañado por estos días a LULAC y a su directiva, pero García asegura que él se mantiene fuerte como su presidente, en la sede en Washington y con un presupuesto anual de 10 millones de dólares.
Indicó que no hay “dos” LULAC ahora, como plantean sus detractores en los medios. “El otro grupo es un grupo falso (…), una minoría que perdió y no saben cómo perder”, enfatizó.
Señaló que se trata de un pleito que afecta “apenas” a ocho de los 136.000 miembros de la organización, que, recordó, cabildea desde hace 93 años causas de justicia social para los latinos con gobiernos demócratas y republicanos.
Para el directivo, su prioridad ahora es que la Justicia determine si los recursos provienen de un partido político de Puerto Rico y/o el gobierno isleño para hacer que LULAC impulse la opción de que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.
En ese sentido el directivo explicó que está prohibido bajo la Constitución de LULAC recibir dineros de gobiernos o de partidos políticos para evitar precisamente estar atado a una agenda política.
“Podemos tener miembros de cualquier partido, pero no podemos tener dinero de un partido político o dinero de un gobierno, no es ético”, indicó.
Sobre las opciones de estatus político de la isla dijo que los puertorriqueños son los que tienen que determinar en una elección si quieren la “estadidad”, la independencia de Estados Unidos o mantenerse con la opción híbrida actual de un Estado Libre Asociado (ELA).
El presidente de LULAC además desmintió que se trate de una disputa entre el liderazgo puertorriqueño de la entidad y miembros de origen mexicano, que fueron los que crearon en 1929 la organización en Corpus Christi (Texas).
Manifestó que LULAC se “está ampliando la puerta” en Puerto Rico para otros partidos diferentes al Partido Nuevo Progresista (PNP), que apoya la estadidad, en referencia a abrirse al Partido Popular y los independientes.
Recordó que la organización tiene en Puerto Rico una trayectoria de más de veinte años y una sólida colaboración que incluyó recientemente el apoyo tras la destrucción y muerte que dejaron los huracanes Irma y María.
EL LÍO JUDICIAL
García explicó que cinco directivos de LULAC presentaron una demanda civil en un Tribunal de Dallas (Texas) contra otros cinco directivos que ya fueron despedidos y que por estos días están rindiendo declaración judicial.
Él mismo está también señalado en la demanda, pero explicó que fue para efectos de una orden del tribunal de parar y no reconocer la elección que se iba a llevar a cabo en julio pasado en Puerto Rico durante la Convención Nacional, para renovar el liderazgo de LULAC.
García, elegido presidente de LULAC en 2018 para un periodo que termina en 2023, aseguró que no ha tomado ni un centavo de la entidad, que se propone limpiarla de la corrupción y que la entidad no se “venderá” a ningún interés político.
La corte de Dallas investiga las demandas de un “soplón”, según el cual un gran número de personas recibieron dineros prohibidos para hacerse miembros de LULAC, formar capítulos (cada uno es de 10 a 11 personas) y acudir a la votación para elegir a nuevos directivos con los intereses políticos de los donantes de la isla.
García indicó que los despedidos el pasado fin de semana fueron Pablo Martínez, Elsie Valdés Ramos, Ivonne Quiñones, Andrés Rodríguez y Ralina Cardona, de la oficina de Nueva York.
Otra directiva pidió un tiempo para asesoría de un abogado para defenderse; Linda Chavez fue “inelegible” para el cargo de vicepresidente nacional del suroeste, y además la junta directiva de LULAC terminó el contrato “sin causa” de Sindy Benavides, quien era la CEO.
García enfatizó que las investigaciones darán con aquellos que trataron de comprar capítulos de papel como parte de la demanda civil en curso, que no descarta que tenga después implicaciones criminales en la isla.
Señaló que medios en la isla se hicieron eco de que el gubernamental PNP, que favorece la estadidad, estaba intentando posicionarse en la elección de la mesa directiva de LULAC en julio pasado.
Aseguró que mientras sigue la investigación su idea es continuar dando énfasis a los derechos de civiles de latinos en Estados Unidos, la reforma migratoria, el aumento de fondos para educación y “peleando contra cualquier tipo de supresión del voto latino en Estados Unidos”.