Nueva York, 25 oct (EFE).- La diócesis de la Iglesia católica de Buffalo (estado de Nueva York), acusada de encubrir numerosos casos de abuso sexual infantil por parte de miembros del clero durante años, acordó este martes con las autoridades someterse a control externo para garantizar que rinde cuentas en el futuro.
El acuerdo fue anunciado por la Fiscalía de Nueva York, que tras una investigación de dos años acusó en 2020 a la diócesis y a dos de sus dirigentes, de negligencia en la gestión de las denuncias de abuso sexual infantil, lo que se tradujo en la protección a los supuestos sacerdotes pedófilos de eventuales acusaciones.
La diócesis de Buffalo, que tiene unos 600.000 fieles según medios locales, se declaró en bancarrota en 2020 a consecuencia de un aluvión de demandas de abuso sexual infantil, posibilitadas por una ventana legal abierta en el estado por la Ley de Víctimas Infantiles para denunciar estos casos antes prescritos.
Según un comunicado de la Fiscalía, el acuerdo se centra en la “respuesta institucional” de la diócesis a la “crisis de abuso sexual del clero” y es independiente de las denuncias de víctimas de abuso que se cifran en más de 900 (entre casos posibilitados por la ventana legal y denuncias ligadas al proceso de bancarrota), que podrán seguir adelante.
Ahora, esta jurisdicción de la Iglesia accede a ser supervisada durante tres años ampliables a cinco por una auditora independiente, Kathleen McChesney, una exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) experta en casos de abuso sexual del clero católico, así como su equipo, y a hacerse cargo de las costas.
El acuerdo establece mecanismos que obligarán a la diócesis de Buffalo a tener un programa para monitorizar a los curas acusados de abuso y someterse a una auditoría anual de su cumplimiento por parte de McChesney y su equipo, que publicarán informes disponibles al público, así como a cooperar con las autoridades.
El actual obispo, Michael Fisher, será responsable de tomar medidas para proteger a los feligreses y al público de aquellas personas sobre las que recaiga una acusación creíble de abuso sexual.
Además, su predecesor, el exobispo Richard Malone, que presentó su renuncia ante el Papa el pasado diciembre a raíz del escándalo, queda vetado de por vida de tener cualquier responsabilidad fiduciaria secular en cualquier ONG registrada en Nueva York, al igual que el exobispo auxiliar, Edward Grosz.
La Fiscalía de Nueva York tiene en marcha otras investigaciones a la Iglesia católica en el estado, comenzando por la Archidiócesis de Nueva York, que es la segunda más grande de EE.UU., y a las otra siete diócesis del área, incluyendo a Albany, la capital, y Brooklyn.