Washington/Managua, 13 may (EFE).- Con 29 votos a favor y solo 3 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución formal de condena a la ocupación de sus oficinas en Nicaragua por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
En el texto, el organismo exige a las autoridades nicaragüenses que restituyan “inmediatamente” el uso de los locales incautados, y promete seguir “ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias”.
La propuesta fue presentada por las delegaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Grenada y Uruguay.
Han votado a favor todos los países miembros de la OEA salvo El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Los representantes de Bolivia y Nicaragua no estaban presentes durante la reunión, por lo que no han emitido ningún voto.
El representante de El Salvador, Agustín Vásquez, ha sido de hecho quien ha dado pie a la votación, ya que la propuesta de Antigua y Barbuda, uno de los impulsores del texto, era que la resolución se aprobase por consenso.
Vásquez mostró su disconformidad con la idea, por lo que la presidenta del Consejo, Elizabeth Darius-Clarke, ordenó que la propuesta fuera sometida a voto.
Si bien la inmensa mayoría de las delegaciones se mostraron a favor de aprobar el texto, algunos representantes quisieron marcar distancias con la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“Mi país ha decidido votar a favor, sin que ello signifique de ninguna manera el respaldo a posibles actuaciones del secretario general en este asunto”, declaró la representante permanente de México ante el organismo, Luz Elena Baños.
Almagro ha sido muy crítico con las autoridades nicaragüenses por su decisión de incautar el inmueble el pasado abril, tras anunciar su intención de abandonar el organismo y sin dejar que pasaran los dos años de rigor entre que se renuncia a la OEA y se hace efectiva esta salida.
El uruguayo aprovechó su intervención, una vez finalizada la votación, para lamentar que “esta violación del Derecho -en referencia a la ocupación de sus oficinas- es lo que sufren los nicaragüenses día a día”.
Quien sí expresó su apoyo total a la posición de la OEA fue el representante de Estados Unidos, Bradley A. Freden, para quien la “ocupación forzosa” de las oficinas demuestra “el desprecio absoluto del régimen de Ortega al orden pacífico y basado en reglas de las Américas”.
Estados Unidos ya pidió en la pasada reunión del Consejo Permanente una respuesta mayor por parte de la organización a la incautación del inmueble, en el que las autoridades pretenden instalar un “museo de la vergüenza”.
A finales de abril, La Policía nicaragüense ocupó la sede de la OEA en Managua después de que el canciller del país, Denis Moncada, apareciera en la televisión nacional tildando al organismo de “instrumento del imperialismo yanqui” y ratificando su decisión de abandonarlo.
La relación entre el Gobierno de Ortega y el organismo multilateral, con sede en Washington, ha ido deteriorándose desde las protestas que tuvieron lugar en el país en 2018 y que acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos.
La OEA, después de numerosas condenas, inició un proceso (que no prosperó por desacuerdos internos) para suspender al país del organismo, y se negó a reconocer los resultados de las últimas elecciones, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato, el pasado noviembre.
Como reacción, las autoridades nicaragüenses anunciaron ese mismo mes su intención de abandonar la organización, aunque según el reglamento, el país debe esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.