Washington, 11 oct (EFE).- Un juez federal aprobó el martes un calendario para la subasta de las acciones de la empresa tenedora de CITGO, una filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense.
El juez federal Leonard Stark dio luz verde al calendario para la subasta y posterior venta de acciones de PDV Holding, la empresa matriz dueña de CITGO, en pago a Crystallex por la nacionalización, hace más de una década, de un yacimiento de oro operado por la minera canadiense en Venezuela.
Los representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela, han interpuesto una serie de mociones en oposición a la venta de los activos que fueron desestimadas por el juez.
A pesar de la decisión judicial, no se puede proceder a la venta sin antes contar con un permiso de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro, debido a las sanciones impuestas por Washington a Venezuela.
El cronograma estipula un periodo de seis meses, hasta abril del 2023, para consultar con la OFAC el procedimiento. El juez también aprobó incluir a la firma de inversiones Evercore como consejera en el proceso.
“Sin la licencia de la OFAC los bienes están congelados y eso se le ha dicho en varias ocasiones al juez Stark”, dijo a EFE el abogado Enrique Sánchez Falcón, nombrado por Guaidó como “procurador especial”.
CITGO está valorada en unos 12 mil millones de dólares y la deuda a Cyrstallex es de 970 millones, de acuerdo con la orden judicial.
En enero de 2019, días después de que el opositor Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela y recibiera el reconocimiento de Washington, el Gobierno de EE.UU. impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de CITGO con el objetivo de traspasarlos al equipo del dirigente de oposición.
El gobierno venezolano ha calificado de “fraudulento” el caso contra CITGO y ha acusado a la oposición de querer “apropiarse de los activos” de Venezuela en el exterior y “facilitar la entrega del patrimonio” a “potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal”.
La disputa legal entre Crystallex y el país suramericano se remonta al 2008, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, que en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.