Washington, 3 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos inicia este lunes un nuevo ciclo judicial en el que sus miembros, de mayoría conservadora, deberán pronunciarse sobre temas clave en materia de discriminación, igualdad o derechos de votación.
Su última integrante, la progresista Ketanji Brown Jackson, fue investida el pasado viernes tras haber hecho historia en junio al convertirse en la primera jueza afroamericana de la máxima instancia judicial estadounidense, aunque con su nombramiento no cambia el equilibrio de fuerzas de la corte.
Con tres magistrados progresistas, todas ellas mujeres, y seis republicanos, el Supremo está más inclinado a la derecha que nunca desde la década de 1930.
Una mayoría conservadora que le permitió revocar en junio la protección del derecho al aborto vigente desde 1973, permitiendo a cada estado fijar sus propias leyes al respecto y desatando una oleada de indignación en parte del país.
Este nuevo año judicial comienza con una confianza ciudadana en esa institución en mínimos históricos: el instituto demoscópico Gallum publicó el pasado jueves que el 58 % de estadounidenses no aprobaba su actuación, el porcentaje más alto desde el año 2000, cuando la firma planteó por primera vez esa pregunta.
La reanudación de las vistas orales empieza este lunes con una cuestión de materia medioambiental que podría afectar el alcance de la regulación federal de los humedales.
En el caso del matrimonio Sackett contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), se determinará si la EPA tiene autoridad para intervenir en el terreno de esa pareja que lleva años peleando contra ella para construir una casa en un solar a 100 metros del lago Priest.
El martes versará sobre la Ley del Derecho a Voto, que protege el derecho de votación de los afroestadounidenses y de las minorías desde hace casi 60 años y que puede tener consecuencias importantes en el desarrollo de las elecciones federales.
Con los casos Merrill contra Milligan y Merrill contra Harper abordará la redistribución de las circunscripciones electorales en los estados sureños de Alabama y Carolina del Norte.
La interpretación más extrema de la ley podría implicar que ningún tribunal o agencia estatales pueden interferir en la normativa estatal electoral, lo que hace temer a sus opositores que se produzca una falta total de supervisión.
En su agenda de este nuevo ciclo, con 27 casos sobre la mesa, también están asuntos ligados a los derechos de la comunidad LGTBQ o a políticas de inmigración.
Y entre otros, uno, el Creative contra Elenis, que todavía no tiene fecha fijada pero que, según The New York Times, llevará a esa corte al campo de batalla de la guerra cultural, decidiendo si un negocio abierto al público puede rechazar ofrecer sus servicios a clientes potenciales basándose en la religión u otras convicciones.
Las implicaciones de los temas contemplados hacen esperar una temporada polémica.
“La corte siempre ha decidido sobre casos controvertidos y sus decisiones siempre han estado sujetas a críticas intensas, y eso es algo totalmente adecuado”, dijo en septiembre el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, en declaraciones recogidas por The New York Times.