Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este viernes “obstáculos” del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pese a las denuncias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración”, aseguró el mandatario en su rueda de prensa diaria.
López Obrador respondió a las acusaciones del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este jueves denunció la intromisión y obstrucción de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército para investigar el “crimen de Estado” de 2014.
Los expertos del GIEI afirmaron que las intromisiones en la FGR derivaron en la renuncia esta semana del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, además de afirmar que en la fiscalía “se ha tratado de frenar las investigaciones” y “se han dado órdenes de no judicializar”.
Pero el presidente afirmó que el fiscal siempre ha colaborado desde que él asumió el Gobierno en diciembre de 2018 con la promesa de resolver la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero.
“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) porque hablé con ellos y les pedí apoyo y colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo: ‘es que no podemos llegar tan alto'”, sostuvo.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno que reconoció el 18 de agosto que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y los da por muertos.
Pero los padres de los jóvenes han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas y la FGR canceló la semana pasada 21 órdenes de arresto, de las que 16 corresponden a militares.
“Cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe, y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa con información de ese informe, y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión”, argumentó López Obrador.
El mandatario también aseveró que a la Comisión de la Verdad se le entregó “toda la información que solicitaron”, aunque el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas no han querido abrir todos los archivos, que incluyen pruebas de que espiaron a criminales, estudiantes y autoridades la noche de la desaparición.
“Yo personalmente hablé con el secretario (de la Defensa Nacional), con el almirante (de la Marina), con todos, para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos, y por eso también se avanzó”, defendió.
El GIEI y López Obrador coinciden en su rechazo a la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
Al igual que la Comisión para la Verdad, concluyeron que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.