Madrid, 11 jun (EFE).- Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Intermón y más de una decena de ONG denunciaron este jueves que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor mañana viernes, puede poner en riesgo el análisis individualizado de las solicitudes de asilo y aumentar el riesgo de detención y restricciones a la movilidad.
Las ONG advierten que el Pacto Europeo se suma al acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, «que amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones» y a otras normativas como la del tercer país seguro o la lista de países de origen considerados seguros, que incluyen algunas naciones «con graves deficiencias en derechos humanos».
En un comunicado conjunto, las organizaciones mostraron su preocupación ante este paquete normativo, que amplía los supuestos en los que las solicitudes de protección internacional podrán examinarse mediante procedimientos especiales menos garantistas y con plazos reducidos.
Un sistema que, para estas oenegés, favorece el uso de centros cerrados o de detención, incluso para menores y personas en situación de vulnerabilidad.
La normativa establece un procedimiento exprés de 12 semanas desde la llegada irregular del migrante que incluye el examen de la solicitud y, si es denegada, la resolución sobre el retorno, período en el que además, jurídicamente, no se considerará que el migrante se encuentra en territorio europeo.
Este canal rápido se aplicará de forma obligatoria a los solicitantes que supongan un riesgo para la seguridad o procedan de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20 % en la UE.
Las organizaciones opinan que la creación de ese procedimiento puede poner en riesgo el examen de otras formas de protección o residencia y afectar a los derechos fundamentales y al principio de no devolución.
Para las entidades firmantes -entre las que también están Médicos del Mundo, Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes- la aplicación del pacto puede ir en contra del interés superior de la infancia, por lo que piden evaluar individualmente el interés superior de cada niño y adolescente y garantizar que sean escuchados y puedan participar en el procedimiento.
En cuanto al proceso de triaje en el control en frontera, reclamaron asistencia letrada gratuita y especializada durante todo el procedimiento, interpretación de calidad desde el registro de solicitud, personal médico cualificado, limitación de la toma de datos biométricos de menores de 14 años a supuestos solo necesarios y sin coerción y reglamentación clara sobre los lugares donde se realice.
Las oenegés denunciaron que, «a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas», no han recibido «una información precisa» sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo cuando el pacto entre mañana en vigor.
