Jan al Ahmar (Cisjordania), 10 jun (EFE).- Varios ministros del Gobierno palestino reunieron este miércoles a un convoy de representantes diplomáticos y de organismos internacionales para alertar de la orden israelí de demoler Jan al Ahmar, una aldea beduina entre los asentamientos ilegales de Maale Adumim y Kfar Adumim, en Cisjordania ocupada.
«Es hora de actuar, se acabó el tiempo de las condenas. Ya hicieron un excelente trabajo en eso durante las últimas décadas. Lo que hace falta hoy es que actúen, que adopten medidas que disuadan a esta potencia ocupante (Israel) de seguir cometiendo las injusticias que lleva cometiendo desde hace siete décadas», instó la ministra de Asuntos Exteriores palestina, Varsen Aghabekian.
«La ocupación no entiende ningún idioma, salvo el de las medidas. Medidas que le afecten de lleno», insistió Aghabekian, acompañada de los ministros palestinos de Educación Superior, Asuntos de la Mujer, Trabajo, y Turismo, además del presidente de la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro y el viceministro de Asuntos de Jerusalén.
El pasado mes de mayo, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, respondió a la petición de arresto presuntamente emitida contra él por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenando la demolición de Jan al Ahmar, una de las 32 comunidades beduinas al este de Jerusalén que el Gobierno de Benjamín Netanyahu pretende desmantelar para llevar a cabo un megaproyecto de asentamientos israelíes bautizado como E1.
El polémico plan E1, aprobado el pasado mes de agosto por la Knéset (Parlamento israelí), pretende expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este y conectar la región mediante una nueva carretera exclusiva para vehículos israelíes, lo que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.
En julio de 2024, la Corte Penal Internacional ya emitió una opinión consultiva en la que dictaminó que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental, incluyendo el proyecto E1, eran ilegales según el derecho internacional y constituían una anexión de facto.
En el patio de la escuela de Jan al Ahmar, construida con ruedas de camión, Aghabekian reconoció que España había sido «pionera en la imposición de sanciones», pero remarcó la urgencia de medidas «sobre el terreno» que «disuadan a Israel de mantener su política anexionista y colonial».
«La acción más eficaz ahora sería sancionar a los asentamientos y a los colonos; es importante intentar no contribuir a la expansión de esta empresa. Hay que congelar la financiación. Hay que sancionar a los colonos. Hay que tomar medidas contra los productos de los asentamientos», dijo la ministra a pocos metros de un convoy diplomático que incluía a Javier Gutiérrez, cónsul general de España en Jerusalén.
