Ciudad de México, 16 ene (EFE).- Organizaciones vecinales y personas desalojadas en la Ciudad de México demandaron este viernes al Supremo mexicano frenar la discusión -prevista para el lunes- de un proyecto de resolución sobre los desalojos el cual, acusaron, pone en riesgo el derecho a la vivienda, en medio del alza de las expulsiones arbitrarias previo al Mundial de Fútbol.
En conferencia de prensa en el campamento de desalojados de Cuba 11, en el Centro Histórico, el abogado Arturo Aparicio alertó que dicho proyecto favorece a los intereses inmobiliarios y no a los habitantes de la ciudad, a quienes pone en peligro de “sufrir un desalojo el día de mañana”.
“Creemos que, con lo que hizo (el presidente de EE.UU.) Donald Trump en Venezuela, el sector inmobiliario cree que el gobierno va a estar ‘blandito’ para poder, con miras al Mundial, presionar todos sus proyectos y seguir especulando sobre el suelo”, expuso Aparicio.
El abogado explicó que el proyecto a cargo de la magistrada María Estela Ríos busca declarar como “constitucional” la legislación actual que permite los desalojos sin garantías -como un juicio previo que incluya a todas las partes-, contenida en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.
“Prácticamente la Corte estaría diciendo que el desalojo de (la calle de) Cuba es constitucional, no solo legal, entonces no le dejaría recursos a las personas que sufren estos casos”, señaló en referencia al desalojo que en agosto pasado sufrieron más de 20 familias, la mayoría adultos mayores, que desde entonces resisten en un campamento frente a su antiguo hogar.
Además, Aparicio advirtió que la Corte estaría sentando “un precedente para que cualquier reforma en México se haga de manera regresiva”.
El proyecto en cuestión surgió en respuesta a la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida en 2019 por la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, luego de que el Congreso local modificó la primera redacción del artículo 60.
Esa primera norma -que solo estuvo vigente tres meses- contemplaba una serie de garantías en casos de desalojo, orientadas a proteger a las personas afectadas de actos de violencia, discriminación y vulneraciones a sus derechos humanos.
Siete años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -la primera electa por voto popular en el país- discutirá el rumbo de esa legislación, que según el borrador de la resolución, argumenta que los desalojos no vulneran derechos cuando se realizan “mediante mandamiento judicial debidamente fundado y motivado”.
No obstante, los vecinos de la calle de Cuba 11 hicieron un llamado a los integrantes del Supremo a que abran el diálogo y el debate sobre el proyecto, antes de discutirlo.
“Para que otras personas no vuelvan a vivir este terror de desalojos, de vivir en la calle (…) sin derecho a un juicio”, enfatizó Rocío González.
En un pronunciamiento colectivo, ONG y vecinos avisaron que los desalojos arbitrarios se han incrementado en los últimos meses y consideraron que el Mundial es una “amenaza” para el derecho a la vivienda.
“Todos podemos ser objeto de un desalojo arbitrario pero legal”, alertaron, al tiempo que convocaron a una manifestación frente a la SCJN el lunes a las 8:00 hora local (15:00 GMT).