Washington, 21 sep (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump cerró una investigación abierta contra su zar de la frontera, Tom Homan, por aceptar presuntamente un soborno poco antes del retorno del neoyorquino a la Casa Blanca, según reveló este domingo el diario The Washington Post.
Según dos fuentes cercanas al caso y un documento pertenciente a la investigación citados por el diario, Homan fue grabado en vídeo aceptando una bolsa con 50.000 dólares en efectivo de manos de agentes encubiertos del FBI en Texas en septiembre de 2024.
En ese momento, Homan, que fue director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el primer mandato de Trump, no era funcionario y era candidato a ocupar un alto cargo en materia de inmigración en el caso de que el republicano ganara las presidenciales en noviembre, como finalmente sucedió.
Homan presuntamente aceptó el dinero de los agentes, que se hicieron pasar por empresarios que le ofrecieron el monto a cambio de que les ayudara a obtener contratos relacionados con el endurecimiento de las leyes de inmigración, algo que Trump ya había dicho que haría, detalla el diario.
El Washington Post asegura que Departamento de Justicia inició una investigación por soborno contra Homan en los últimos meses de la Administración de Joe Biden y que el Gobierno de su sucesor la cerró este año alegando falta de pruebas creíbles y calificándola de “investigación política”.
En todo caso, existen dudas sobre la posibilidad de que se pudiera procesar a Homan, puesto que en el momento del supuesto soborno no ocupaba ningún cargo gubernamental.
La investigación, dada a conocer por primera vez por la cadena MSNBC, surgió a raíz de una investigación en torno a un empersario ligado a la seguridad fronteriza, que fue el que presuntamente remitió a los agentes a Homan para conseguir contratos.
Homan ha encabezado junto con la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la cruzada contra la inmigración ilegal que ha marcado el retorno al poder de Donald Trump, que en sus ocho meses de mandato ha deportado a más de 200.000 personas, según datos gubernamentales.